A grandes delitos, grandes penas
El intendente de San Isidro, Dr. Gustavo Posse, expresó nuevamente su preocupación por la creciente ola de inseguridad y reclamó (en las páginas de La Nación y en diálogo con varios medios radiales) que se legisle -y sean aplicadas las leyes- para impedir que delincuentes probadamente peligrosos pongan en riesgo a la población.
Este se un tema que el Dr. Posse ha abordado en muchas ocasiones señalando los cambios en la clase de delitos que se cometen y quienes los protagonizan. El jefe comunal ha sido visto siempre cercano al dolor provocado en las familias que vieron sacudidas sus existencias ante hechos delictivos, no pocas veces cruentos. Pero está claro que si bien la comuna realiza esfuerzos monetarios y operativos para colaborar con las fuerzas policiales y la justicia, el alcance de estas medidas se ve limitado, porque las decisiones más trascendentes se toman en otras jurisdicciones.
Sobre el particular el intendente ha señalado que el tema de la inseguridad no está en la agenda de quienes toman las grandes decisiones, sea a nivel provincial como nacional, habida cuenta de que no construyen cárceles y tampoco se toman medidas de fondo sobre esta problemática, que desplaza cualquier otro tema (incluso la situación económica) de las prioridades de los ciudadanos.
En tal sentido, se mostró partidario de que la imputabilidad alcance a los menores de 16 años, considerando que "a grandes delitos" le corresponden "grandes condenas".
Sobre el tema señaló la existencia de un sistema perverso, de larga data, en cuanto a que no se construyen cárceles para ubicar a los delincuentes y a la interpretación de las leyes por parte de los magistrados, lo que provoca que la comunidad se vea permanente expuesta a la delincuencia.
Para revertir esta situación, el Dr. Posse reclama que los delincuentes menores con la asistencia de un gabinete psico-médico-pericial sean evaluados para tomar las medidas más apropiadas. Consideró que los jóvenes delincuentes deben ser recluidos en granjas escuela, que cuenten con educadores y controles de penitenciaría en sus perímetros para evitar fugas.
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