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Se suspendió la pericia ambiental en el predio de la ex OSN, en Beccar
   
Una profunda indignación se apoderó de los vecinos, asambleístas y activistas ambientales que se concentraron el viernes 30 de Octubre en la calle Intendente Tomkinson al 700, en Beccar. La jornada, prevista para llevar a cabo una pericia ambiental fijada en el expediente judicial con un año de anticipación, se suspendió al confirmarse la ausencia del Dr. Patricio Maraniello (1), juez Civil y Comercial Federal y la postergación de la medida tras una solicitud conjunta entre la empresa CENCOSUD y la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para suspender los plazos por 20 días.

La inspección tenía como objetivo central que la justicia constatara el estado de abandono del predio, verificando el incumplimiento de las obligaciones edilicias asumidas oportunamente por la empresa multinacional CENCOSUD (nacida en Chile y presente en el Partido de San Isidro desde hace 44 años). La diligencia judicial tenía por objetivo también determinar el grado de contaminación del suelo, afectado históricamente por el uso de ácido sulfúrico destinado a la potabilización del agua y la producción de ladrillos, un saneamiento que la empresa privada tenía la obligación de ejecutar.

Elda Cedro, integrante de la Asamblea Barrial de Beccar, manifestó un categórico rechazo a la maniobra procesal que impidió el recorrido donde debían intervenir el juez, el obispado y las partes involucradas. En su exposición, remarcó que el predio posee una gravedad socioeconómica e institucional que excede a los intereses privados, recordando que ya en 2019 se había reconocido en el expediente la necesidad de convocar a una audiencia pública para garantizar la participación ciudadana en el destino del inmueble.

El reclamo de la comunidad se fundamenta en un severo deficit de áreas verdes y de acceso público a la costa en el distrito. La legislación provincial de ordenamiento territorial establece un estándar mínimo de entre 9 y 10 m2 de espacio verde público por habitante, mientras que la localidad de Beccar registra apenas 1 m2 por residente. Ante este panorama, los manifestantes exigen que el terreno, habiendo pertenecido al Estado Nacional y tras el vencimiento de los derechos concedidos a la empresa CENCOSUD, sea restituido al dominio público para la conformación de un parque comunitario que ponga fin a casi 4 décadas de clausura y privatización.

El acompañamiento institucional estuvo presente a través de la Defensoría del Pueblo. Lucía Claramunt destacó el valor de los pedidos de informes elaborados por el organismo como herramientas clave para respaldar las cautelares presentadas por los vecinos. Al revisar el historial del predio, los documentos oficiales admitieron la falta de participación comunitaria y la ausencia de estudios de impacto ambiental adecuados. Asimismo, se advirtió la repetición de este patrón de gestión en otros puntos del municipio, como el predio de Villa Adelina, donde se han omitido los planes de manejo requeridos por la Provincia para la protección del paisaje.

Por su parte, la arquitecta Alejandra García Calvo remarcó que el conflicto judicial no constituye un mero diferendo contractual o impositivo entre particulares, sino el incumplimiento directo de compromisos asumidos ante la sociedad, señalando la inacción judicial como un factor facilitador del deterioro urbano. En la misma línea, Flavia Affanni, en representación de la Asociación Pro Vicente López, subrayó el incalculable valor del predio como ejemplar de arquitectura industrial y como un nodo biológico indispensable para la conectividad ambiental de la ribera norte.

La mirada política del conflicto apuntó directamente a la proliferación de desarrollos edilicios en detrimento de la calidad de vida urbana. La vecina Malala Erhart sostuvo que las decisiones de la intendencia no responden a las necesidades colectivas de la población, sino que priorizan la densificación y las dinámicas del mercado inmobiliario.

Coincidiendo con este diagnóstico, el concejal Marcos Díaz afirmó que la administración municipal mantiene una postura continua a favor de los intereses constructores. Al ratificar el acompañamiento del bloque peronista a las demandas vecinales, reafirmó la exigencia de transformar el predio clausurado en un espacio verde de libre acceso que atenúe el impacto del crecimiento edilicio en la zona.

Frente a lo que calificaron como una clara muestra de especulación urbana, las organizaciones ratificaron su permanencia en el proceso legal y convocaron a profundizar la articulación comunitaria para evitar la pérdida definitiva del último pulmón verde de Beccar.


(1) El juez Patricio Maraniello acumula once denuncias en su contra ante el Consejo de la Magistratura por acoso sexual, maltrato laboral, prevaricato y mal desempeño en el ejercicio de sus funciones. Maraniello falló el 1 de Septiembre de 2025 a favor de Karina Milei, Secretaria General de la Presidencia, al rechazar la difusión de audios con su voz vinculados en principio a la causa por presuntas coimas en la compra de medicamentos por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

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