Vecinos y organizaciones ambientalistas de San Isidro preocupados el avance del megaproyecto inmobiliario "Barrancas de Alvear", ubicado en General Alvear 1495/1501, dieron a conocer un comunicado este martes 7 de Julio en el que se declaran en estado de alerta.
EL COMUNICADO
Los denunciantes afirman que el Municipio busca consumar una flagrante violación a las normativas urbanísticas vigentes para favorecer a uno de los apellidos con mayor peso en el poder económico nacional, exponiendo cómo los intereses políticos y corporativos confluyen en perjuicio del patrimonio público y ambiental.
¿Quién está detrás del proyecto?: El factor Sielecki y las redes de poder
A diferencia de lo que inicialmente se planteaba como un desarrollo menor, los vecinos obtuvieron información concreta de los registros dominiales y societarios.
El predio es propiedad del empresario Daniel Eduardo Sielecki, integrante de una de las familias más influyentes del sector farmacéutico e industrial de la Argentina. A su vez, el desarrollo aparece impulsado formalmente por Carlos Alberto Sielecki, quien figura vinculado a la firma desarrolladora.
Para los vecinos, este dato es central: el peso de este grupo económico y sus aceitados vínculos institucionales con sectores del poder político y corporativo histórico del país explican la velocidad, la falta de transparencia y la "vista gorda" de las autoridades municipales para intentar habilitar un proyecto que se encuentra abiertamente por fuera de la legalidad local.
Un proyecto que viola las normas de San Isidro
El desarrollo proyectado en la Barranca de Alvear choca de frente contra las leyes locales a través de tres puntos críticos que evidencian un trato preferencial:
Violación flagrante del C.O.U. (Código de Ordenamiento Urbano): El código vigente para esa zona prohíbe de forma taxativa la construcción de viviendas multifamiliares. El proyecto de los Sielecki pretende forzar una excepción a medida para edificar un complejo residencial de alta densidad, alterando irreversiblemente el perfil urbano y sentando un peligroso precedente de inseguridad jurídica en el municipio.
Impacto Ambiental Crítico en un Ecosistema Clave: La Barranca de Alvear funciona como un regulador natural contra las inundaciones y es un reservorio de biodiversidad local. Su impermeabilización masiva con hormigón y las excavaciones proyectadas destruirán la absorción natural del suelo, afectando el microclima de la zona costera.
Hormigonado de la Costa para Cocheras a Cielo Abierto: En lugar de preservar el paisaje fluvial, el diseño contempla la construcción de una gigantesca playa de estacionamiento a cielo abierto destinada a las visitas del complejo. Esto implica hormigonar una enorme superficie que actualmente es un espacio verde y permeable, sacrificando suelo absorbente costero y eliminando vegetación nativa para priorizar el uso automotor privado por sobre el patrimonio natural de la comunidad.
El desembarco de la estructura de la A.A.B.E.
Para los denunciantes, el trasfondo de esta maniobra responde a un modus operandi conocido donde el poder público se pone al servicio de intereses inmobiliarios selectos. La Secretaría de Planeamiento Urbano de San Isidro está hoy bajo el mando de Florencia Aguilar, quien fuera Directora de Desarrollo Urbano de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (A.A.B.E.) durante la presidencia de Ramón Lanús en la gestión nacional de Mauricio Macri.
Ambos funcionarios arrastran un pesado historial judicial: fueron denunciados penalmente en los tribunales federales (Expte. N° 428/2020) por violar la Ley de Responsabilidad Fiscal al rematar y transferir masivamente inmuebles y tierras del Estado Nacional a espaldas del Congreso y a pocos días de dejar el poder en 2019.
El mismo equipo técnico que usó la A.A.B.E. para hacer negocios con la tierra pública de todos los argentinos, hoy desembarca en San Isidro para aplicar la misma matriz: otorgar excepciones a la carta para grandes grupos económicos como el de Sielecki, pasando por encima del Código de Ordenamiento Urbano y destruyendo nuestro patrimonio natural.
Los vecinos exigen la inmediata suspensión de cualquier autorización, el acceso irrestricto al expediente municipal y la convocatoria a una audiencia pública vinculante donde la comunidad pueda decidir sobre el destino de sus tierras.
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