La Ley de Tierras y la soberanía
El decreto de necesidad y urgencia (D.N.U.) de Javier Milei incluye, entre muchas otras cosas, la derogación de la ley Nº 26.737, lo que habilitaría la extranjerización de la tierra, entregando con ello los recursos naturales a corporaciones económicas y financieras del mundo.
Aunque casi todo lo que moviliza al nuevo gobierno pareciera orientarse a temas relacionados con la búsqueda de recursos para equilibrar las cuentas del Estado, la cancelación de la Ley de Tierras incluye aspectos de la soberanía, la protección y aprovechamiento de los recursos naturales y el desarrollo industrial. Coherente con la visión liberal de que las cosas se organicen por los vaivenes de las leyes del mercado -que en general carecen de valores nacionales-, el D.N.U. les abre la puerta de par en par.
¿Es posible que siendo el presidente un hombre del mundo de la economía, con vínculos en foros y organizaciones, esté buscando satisfacer planteos de capitales allegados? Puede ser.
El litio, el mineral del cual la Argentina es el cuarto productor mundial, puede seguir siendo aprovechado por capitales extranjeros, sin que nuestro país avance en la fabricación de baterías para computadoras portátiles, celulares, juguetes y autos eléctricos (campo en el que la empresa Tesla del sudafricano Elon Musk, el hombre más rico del mundo, es líder).
Se han calculado en 4.000 millones de dólares para 2027 las regalías en las actuales condiciones (salida de este mineral sin valor agregado), pero si además hubiera fabricación de baterías también habría generación de trabajo local y mayores beneficios. Argentina entrega el litio a cambio del 3% del valor del mineral declarado a boca de mina y luego compra baterías. La mayor parte del litio que se extrae en el país termina en China.
Ante la anulación de los límites a la venta de tierras a extranjeros y la intención de privatizar YPF, los proyectos de fabricación de baterías en el país también quedarían en otras manos. YPF Litio e Y-Tec en 2023 presentaron la primera planta de Latinoamérica ubicada en La Plata y anunciaron la construcción de otra planta 5 veces más grande en Santiago del Estero. La privatización puede dejar territorio, mineral y agua en manos privadas y/o extranjeras.
La ley Nº 26.737 de Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales, fue sancionada en 2011 y establece un límite del 15% la titularidad de dominio de tierras en el territorio nacional, provincial y municipal.
El artículo 10 de la ley prohíbe la titularidad o posesión por parte de personas físicas o jurídicas extranjeras de inmuebles “que contengan o sean ribereños de cuerpos de agua de envergadura y permanentes” o “ubicados en zonas de seguridad de frontera”. Es decir, esta ley impide que los recursos naturales, como las nacientes de un río, puedan ser apropiados por un capital extranjero.
En 2016 el presidente Mauricio Macri emitió el decreto 820/2016 haciendo más laxas las trabas para la venta de campos a extranjeros. La gestión macrista definió que se consideraría titular extranjero a quien fuera titular de "más del 51% del capital social de una persona jurídica", a diferencia de la iniciativa kirchnerista que fijaba como extranjero a quien sea titular de "un porcentaje superior al 25%".
Aquel decreto liberaba también el límite de 1.000 hectáreas por cada extranjero, o su equivalente en la zona núcleo (la más productiva delimitada en el norte bonaerense, el sudeste de Córdoba y el sur de Santa Fe).
Los dueños de la tierra
El 5,23% de las tierras del país (unas 14.700.000 hectáreas) estaba en 2022 en manos de extranjeros.
El Registro Nacional de Tierras Rurales, creado a instancias de la Ley de Tierras de 2011, fue el primero que permitió dimensionar la problemática e identificar a los dueños de una parte de nuestro país.
Luciano Benetton es el dueño de la mayor cantidad de tierras del país con 655.990 hectáreas que destina a negocios agrícolas, ganaderos, forestales y mineros en Buenos Aires, Chubut, Río Negro y Santa Cruz, a través de su empresa “Compañía de Tierras del Sud Argentino”.
El estadounidense Peter Lee Mc Bride, a través de su empresa Los Poquiteros S.A., es dueño de 469.460 hectáreas en Catamarca, lo que representa el 5% de las hectáreas rurales de esa provincia.
La empresa suiza offshore Estomonte AG tiene tierras en San Juan y la compañía Unicampos S.A. en Mendoza, Santa Luis y Santa Fe. El recurso de que sean empresas radicadas en paraísos fiscales no es inocente ante eventuales reclamos judiciales.
El 45,4% de las offshore propietarias pertenece a firmas suizas, el 34,7% a uruguayas, el 8% a sociedades de Luxemburgo, el 3,9% a panameñas, el 3,6% a firmas de Liechtenstein y el 3,4% a firmas de Andorra.
La empresa chilena Arauco (ex Alto Paraná) ya tenía en 2015 unas 229.080 hectáreas en Misiones, Buenos Aires y Santa Fe.
Hasta 2015 Douglas Tompkins, mediante la fundación The Conservation Land Trust S.A., poseía 183.500 hectáreas del país, en su mayoría en las zonas de Ituzaingó, de Mercedes y de San Miguel, en Corrientes.
El magnate Joe Lewis, una de las personas más ricas del mundo y de estrecha relación con el Ing. Mauricio Macri, tiene 14.000 hectáreas en el Lago Escondido de Río Negro. Todos recuerdan el conflicto vigente con el magnate y su negativa a dar paso al camino de sirga, como lo ordenó la Justicia.
Si bien ninguna provincia supera el porcentaje establecido por la Ley 26.737, las más extranjerizadas son Salta, Misiones y San Juan, con tenencia en manos de extranjeros por encima del 10% del territorio provincial. Las provincias de Córdoba y Santa Fe tienen menos del 2% de sus tierras en manos extranjeras, y menos aún hay en La Pampa y Buenos Aires, la zona más fértil del país.
Las dos localidades con mayor nivel de extranjerización son salteñas: San Carlos, un pueblo en los Valles Calchaquíes que tiene un 60% de su territorio extranjerizado, y Molinos con el 58% de extranjerización. Otros territorios con gran presencia de extranjeros dueños de tierras son General Lamadrid (La Rioja), con el 57% de extranjerización. También Lácar (Neuquén) con el 54%, y Campana (Buenos Aires) con el 50,2%.
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