Un dirigene político de San Isidro detenido por asociación ilícita
El Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2 ordenó la detención de Felipe Viramonte Noguer, miembro del Comité Ejecutivo de la agrupación política local "Convocación por San Isidro" y funcionario de la Aduana, por integrar una asociación ilícita dedicada a la venta de teléfonos celulares de alta gama.
La detallada información del caso aparece publicada por Urgente24 donde se señala que dos populares revendedores de celulares iPhone en la Argentina, Lucas y Manuel Olivas, ofrecían los productos a través de plataformas sociales y cobraban en criptomonedas. Los teléfonos, entiende la justicia, eran de origen ilícito y servían para el lavado de dinero. En varias escuchas telefónicas que realizaron comprobaron que contaban con protección de funcionarios aduaneros. Por eso fue detenido Felipe Viramonte Noguer, asesor del ex director de la Aduana Diego Dávila.
"Para eludir los controles financieros impuestos por las autoridades argentinas, la organización criminal en trato, utiliza plataformas virtuales mediante las cuales adquieren criptomonedas, en aras de evitar la trazabilidad de las ganancias ilícitas percibidas por la comercialización de aquellos productos de origen ilícito. En ese orden, las múltiples operaciones y/o transacciones carecen de visibilidad a la luz de los organismos de contralor, resultando significativas sumas de dinero las que fluyen a nivel internacional, por aquellos sitios. La aplicación de los fondos obtenidos ilícitamente en la adquisición de aquellas monedas virtuales también forma parte de la conducta aludida vinculada al lavado de activos", dice la resolución judicial.
En Diciembre de 2020, Santiago Vergara Rossi, Jefe (Int) del Departamento de Inspecciones Generales de la Aduana, presentó una denuncia penal contra los Olivas por la presunta comisión del delito previsto y reprimido en el art. 874 inc. 1° apartado “d” del Código Aduanero. Apuntaba a la comercialización de mercadería de origen extranjero de posible ingreso ilegal al territorio argentino.
El servicio aduanero concluyó que, "por el tipo de mercadería, las cantidades observadas, la vía de comercialización y la probable ausencia de autorización y/o licencia marcaria, harían presumir el ingreso irregular de la mercadería al territorio aduanero argentino".
Cuando intervinieron los teléfonos celulares, accedieron a comunicaciones que se mantuvieron con Felipe Noguer Viramonte, quien cumpliría el rol de asesor personal del ex director de Aduanas Diego Dávila, quien fuera titular del organismo entre 2018 y 2019.
En agosto de 2020, la agencia Noticias Argentinas destacaba que Viramonte Noguer se trata de "un caso de rápido éxito y prosperidad en la Aduana". Entró al organismo de la mano del entonces director Diego Dávila, con un sueldo de alrededor de 50.000 pesos, y a los pocos meses se había comprado un automóvil valuado en $ 450.000 en aquel momento, un Volkswagen Golf TSI. Viramonte venía de trabajar en un estudio jurídico que justamente litigaba contra la Aduana. Se trata de Pettersen Cotter Moine, que en la ANSES figura como su empleador desde el 2012 hasta el 2016.
"Cuando trabajaba en ese estudio, Viramonte se dedicaba a pedirle a la Aduana que frene expedientes contra empresas por supuesta subfacturación, con la consecuente evasión impositiva. Por ejemplo, declarando exportaciones como alimento balanceado para animales, que pagaba 5% de retenciones, lo que en realidad eran pellets de soja, que pagaban 35%", dice la nota de NA.
Antes del cambio de Gobierno, el entonces subdirector de Recursos Humanos de la AFIP, Facundo Rocha, le hizo un contrato anual -por todo el 2020- a quienes habían sido asesores clave de Dávila (que renunció en Diciembre de 2019). Entre ellos Viramonte, a quien le tocó un sueldo superior a 200.000 pesos.
"La aludida organización integrada por Leandro Agustín OLIVAS, Manuel Ángel OLIVAS, Daniel GONZÁLEZ – alias NATO, Gabriel Isaac MUHAFRA, Felipe VIRAMONTE NOGUER y Guillermo Daniel CARO junto a terceras personas aún no debidamente identificadas, se dedicaría al presunto ingreso irregular a plaza de equipos de telefonía celular y otros elementos electrónicos, de procedencia extranjera, contando para ello, con la colaboración de funcionarios públicos aduaneros y otros, pertenecientes a distintas fuerzas de seguridad", establece la resolución que ordenó la detención de los citados y allanamientos en sus viviendas y oficinas.
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