La Agrupación de Vecinos Autoconvocados de Acassuso dio a conocer su preocupación por la llamativa demora por parte de la fiscal general Dra. Beatriz Elena Molinelli y los fiscales generales adjuntos Dres. John Bronyard y Jorge Antonio García, en la puesta en funcionamiento de una prometida Fiscalía Descentralizada en Primera Junta 702, San Isidro.
El inmueble donde funcionaría fue alquilado por la municipalidad de San Isidro en Julio de 2015 a los efectos de que el Ministerio Público Fiscal ponga en funcionamiento esa dependencia que, como es sabido, descomprime el inmenso volumen de trabajo que reciben las unidades fiscales.
Desde Noviembre, el Fiscal General de San Isidro el Dr. Julio Alberto Novo y los respectivos Fiscales Generales Adjuntos, fueron apartados de sus funciones, y los letrados interinos no avanzan en la concreción de la dependencia.
Las autoridades municipales manifiestan tener la voluntad de colaborar, pero están estudiando rescindir el contrato de locación, ya que el espacio no está siendo utilizando para lo que fue alquilado.
La agrupación de vecinos autoconvocados ha buscado contactar a la Procuradora General Dra. María del Carmen Falbo, ya que el Ministerio Público Fiscal provincial es quien debe brindar una respuesta, pero todo hasta el momento ha sido infructuoso.
"El contexto delictivo actual, amerita la creación de una nueva fiscalía descentralizada, pues una jurisdicción más circunscripta permitirá descomprimir el volumen inconmensurable de causas que se concentran en las actuales unidades distritales, lo que atenta contra la calidad de impartir justicia.", señalan los vecinos preocupados.
"Estamos convencidos de que la Justicia debe estar cerca del ciudadano ya que el inmediato acceso al servicio del Ministerio Público Fiscal coadyuvará a mejorar nuestra seguridad ciudadana e individual."
La municipalidad de San Isidro ha invertido recursos de los vecinos alquilando el inmueble hace 9 meses y si no se concreta la esperada Fiscalía Descentralizada será dinero perdido.
Tal pérdida sólo es adjudicable al Ministerio Público Fiscal y al Poder Judicial, "lo que sólo reflejaría desidia, impericia, indiferencia y desatención de quienes tienen un rol público y deben representar y velar por los intereses colectivos."