San Isidro, Buenos Aires | |

 

 

 

 

 

 

     
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OTRA VEZ SAL LARI
   
Según trascendió, el tristemente célebre juez Rafael Sal Lari eximió de prisión a las maestras abusadoras del jardín maternal Tribilin, de la calle O'Higgins en San Isidro.

El fiscal Franco Servidio había pedido la detención de las maestras Yanina Gogonza y Noelia Gallardo, la madre de Gogonza, Graciela Di Pascuale, y las dos dueñas del establecimiento, Noemí Núñez y Mariana Buchniv, imputadas por "abandono agravado de personas", luego de las denuncias de maltrato contra los niños que asistían al establecimiento educativo.

Como se recordará, Diego Hernayes, el padre de una de las nenas que concurría a ese establecimiento fue quien hizo las grabaciones de los maltratos.

La Municipalidad de San Isidro desligó su responsabilidad en el tema sobre la base de que es la Provincia de Buenos Aires quien denegó la autorización para que en ese lugar funcionara un jardín maternal y luego nada hizo para evitar que así se hiciera, sumado a que todos los comentarios de lo que ocurría adentro tampoco trascendió en años.

El intendente, Dr. Gustavo Posse consideró que el Municipio y la Provincia fueron "engañados" por las docentes que maltrataban a los menores. "Se trata, en algunos casos, de personas delincuentes y en otros de personas irresponsables, con patologías", calificó Posse a las maestras y responsables del establecimiento educativo.


El juez

Rafael Sal Lari
fue restituido como titular del Juzgado de Garantías 3 de San Isidro, por el tribunal de Enjuiciamiento a Magistrados, luego de que los acusadores desistieran de imputarlo debido a que no lograron reunir los 180.000 pesos de caución que pedía el jurado.

En consecuencia, el tribunal que funcionó en un anexo del Senado provincial, absolvió a Sal Lari y lo restituyó en su cargo al dar por finalizado el jury.

El cuestionado juez consideró "terminó un proceso que se resolvió como se debía resolver. Estábamos seguros de que iba a terminar así", tras conocer la decisión del jury de restituirlo en sus funciones.

El proceso contra el magistrado había comenzado en 2009, cuando vecinos de San Isidro, familiares de víctimas del delito, las Madres del Dolor y el intendente de San Isidro lo denunciaron por su accionar en una decena de causas, entre ellas la eximición de prisión a los acusados del asesinato del ingeniero Carlos Regis, ultimado en julio de 2008 en Beccar.

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