El Concejo Deliberante de San Isidro se reunió el jueves 3 de Marzo en sesión extraordinaria expresó por amplia mayoría su rechazo al excesivo aumento del impuesto inmobiliario provincial que afectó a una enorme cantidad de vecinos.
Frente a esta situación, el H.C.D. le solicitó al gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, que limite esos aumentos restituyendo el instituto de topes del 20% conforme a lo que establecía el artículo 2 de las leyes impositivas N° 13.930 Y 14.044.
Además, que "contemple la posibilidad de aquellos contribuyentes que hayan efectuado el pago del impuesto inmobiliario se les restituya los montos abonados en exceso".
El proyecto, presentado por el bloque Acción Vecinal San Isidro es Distinto, fue aprobado por 21 votos a favor. Votaron en contra los representantes del Partido Justicialista Santiago Cafiero (subsecretario de Industria provincial) y Leandro Martín (Director de Transporte de la Jefatura de Gabinete de la Provincia) y el la Agrupación Ciudadana, Pablo Chamatrópulos.
Lo cierto es que con el incremento de este gravamen los reclamos y denuncias de vecinos sanisidrenses se multiplicaron a principio de año. Y los contribuyentes de clase media fueron los más afectados, explica el documento que adjunta boletas con subas en las cuotas anuales que alcanzaron el 700% de aumento.
"Es falso que el fisco provincial busca una mayor equidad tributaria con esta medida, ya que al eliminar los topes a las subas que se venían aplicando genera aumentos excesivos en inmuebles de medianas valuaciones fiscales", reza el expediente.
La resolución aprobada sostiene que "el criterio que la Provincia utilizó para aplicar este impuesto a la tierra resulta irracional, distorsivo y regresivo en materia económica". Y explica:
"Es irracional, porque incentiva a vender la propiedad para alquilar, ya que de esa forma el afectado no se vería alcanzado por el impuesto inmobiliario. Distorsivo, ya que confunde la vivienda con la capacidad contributiva de cada persona y así genera doble imposición con otros impuestos nacionales y/o provinciales que gravan el patrimonio, la actividad económica y la renta. Y regresivo, porque desalienta la inversión y la mejora de la tierra".
Por último, el cuerpo considera que "estas políticas tributarias sancionan el progreso de aquellas familias que volcaron su esfuerzo y ahorro en obtener una mejor vivienda, algo que termina beneficiando al barrio y, por ende, la calidad de vida. Pero, al parecer el mensaje del gobierno bonaerense a la sociedad es que no mejore su casa, porque entonces la Provincia presume que puede pagar un aumento en el impuesto inmobiliario".
Reiteran pedido de un plan rector para preservar la ribera
Con el objetivo de impedir daños ecológicos, el Concejo Deliberante de San Isidro –en resolución aprobada por unanimidad- reiteró su pedido al gobierno provincial para que implemente un Plan Rector para el Desarrollo Sustentable del Delta del Paraná; algo que ya había solicitado en la sesión del 7 de Octubre de 2009 a través de la Resolución N° 08/09, pero aún no obtuvo respuesta por parte de la Provincia.
Se trata de "preservar las costas ribereñas del Municipio de San Isidro y distritos cercanos frente al avance de urbanizaciones, desarrollos inmobiliarios y comerciales", dice el expediente. Y hace referencia particularmente al emprendimiento llevado a cabo por la firma Colony Park S.A. en la primera sección de islas del Delta del Paraná, en Tigre.
Por eso, le solicitó al gobernador Daniel Scioli que "arbitre las medidas pertinentes a fin de que se suspendan todos los emprendimientos y/o procesos administrativos que tengan por finalidad desarrollos inmobiliarios en área de referencia. Y si corresponde que la Provincia inicie las acciones judiciales pertinentes conforme al artículo 28 de la constitución provincial".
La resolución del Concejo afirma que "las construcciones que realizó Colony Park sobre los terrenos precitados ya afectaron los humedales y cursos de agua existentes, constituyendo un hecho consumado gravísimo, que no puede ser convalidado por una audiencia pública ambiental posterior".
Por gestiones del municipio de San Isidro, semanas atrás el Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable (OPDS) suspendió por 90 días la audiencia que iba a realizarse el pasado 23 de Febrero en el H.C.D. de Tigre y que tenía como finalidad informar a la comunidad sobre el accionar de esta empresa.
El OPDS es el ente de control medioambiental encargado de aprobar la evaluación de impacto ambiental previa, tal como exige el artículo 5 la ley provincial N° 11.723. Asimismo, la justicia federal de San Isidro frenó este proyecto urbanístico.
"La Audiencia postergada y el estudio obligatorio de impacto ambiental se realizarían sobre una obra con principio de ejecución, que ya produjo daños al medio ambiente. Se trata de un ilícito que no podrá reparase con actos posteriores", finaliza el documento.
