Un nuevo fallo, esta vez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dio la razón a la Municipalidad de San Isidro respecto de lo actuado para la venta del predio que ocupara el Hospital de San Isidro, en Juan José Díaz y Primera Junta, establecimiento que fue reemplazado para la atención de la salud de la comunidad local por el moderno Hospital Central de San Isidro, cuya superficie triplicó a la del antiguo nosocomio.
Con la firma de Elena Highton de Nolasco, Enrique Santiago Petracchi, Juan Carlos Maqueda, Eugenio Raúl Zaffaroni y Carmen Argibay, el más alto tribunal de la República desestimó por "inadmisible" (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación), el recurso de queja presentado por el denominado "Centro para la Cultura y Participación Brazos Abiertos anexo Biblioteca Popular” contra la comuna sanisidrense.
Con anterioridad, en la cuestión habían intervenido la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de San Isidro, la Cámara de Apelación en los Contencioso Administrativo de San Martín y la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires.
No obstante los reiterados fallos favorables a la Municipalidad de San Isidro, lo cierto es que por las acciones interpuestas por una entidad de índole cultural desconocida hasta entonces, desechadas en cada instancia por la Justicia, se ha perdido mucho tiempo (seis años) respecto del destino del predio del viejo hospital y también de recursos que hubieran servido al municipio para volcarlos a mayor equipamiento y atención de la salud de los vecinos.
También se perdieron 6 años en el desarrollo urbanístico del lugar, cuando los vecinos de la zona –que durante muchas décadas soportaron los inconvenientes del funcionamiento del hospital- había acordado con el municipio que allí no funcionara más ningún establecimiento de salud y que hubiera casas. Tuvieron que vivir más de un lustro conviviendo con un lugar abandonado, que se prestaba a intrusiones, a guarida de delincuentes, alimañanas, etc.
Ahora, los vecinos de la zona y la Municipalidad iniciarán acciones legales contra los responsables de la entidad y quienes desde la sombras, por mezquinos intereses políticos, prestaron apoyo a una maniobra, destinada solo a demorar y entorpecer el normal desarrollo de la zona.
