Respondiendo a reiterados pedidos del Departamento Ejecutivo Municipal, del Honorable Concejo Deliberante sanisidrense, de la Cámara de Comercio e Industria del Distrito, así como de otras entidades, sociedades de fomento y Juntas Vecinales, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires anunció a principios de 2009 su decisión de trasladar parte de los tribunales del fuero Penal que funcionan en Ituzaingo 400, en medio del área central, histórica, comercial, bancaria y turística de San Isidro, debido a que la actividad que se desarrolla en el lugar ha colapsado la capacidad de ese edificio y ocasiona diversos perjuicios en esa zona de preservación.
Para ello, el Alto Tribunal anunció también que dispondría –expropiación o compra mediante- de un edificio sobre la calle Uruguay, en el límite con el partido de San Fernando, en un predio donde funcionaba una fábrica.
La mejor alternativa fue presentada por el Municipio desde hace años.
Ubicado en la intersección de la autopista Panamericana con el Camino del Buen Ayre, la Provincia tiene un inmueble de más de 40.000 metros cuadrados disponibles, dentro del cual hay ya construcciones con 5.000 metros cuadrados de capacidad, con oficinas y espacios para estacionamiento en su interior que resulta un lugar apto para realizar el traslado en el corto plazo.
Ese predio es el que por su capacidad y ubicación fue considerado desde hace décadas para la construcción en el lugar de la llamada “Ciudad Judicial”, en la cual se concentraría la totalidad de los tribunales que atienden los asuntos del Departamento Judicial de San Isidro, que comprende la población de los Partidos de Pilar, Tigre, San Fernando, San Isidro y Vicente López, es decir más de 1.250.000 personas.
Si bien la Provincia concedió mediante un Decreto del año 1991 el uso de ese lugar a una Asociación Civil (DIMA – Derechos Iguales para la Mujer Argentina), la instalación del fuero Penal en ese lugar podría realizarse sin expropiación o compra alguna, con lo cual se ahorraría tiempo y dinero.
Suma además en su favor ese lugar, que cuenta con varios medios de transporte, inmediata vinculación con los otros distritos que componen la Departamental San Isidro por medio de las autopistas mencionadas, conexión directa por ende con las Alcaidias y Penitenciarías que están en dirección Oeste, y una ubicación frente a un gran centro comercial ya existente que podría cubrir las diversas demandas que generarían quienes concurren diariamente a un tribunal (miembros del Poder Judicial, abogados, personal, policías, etc.).
De esta manera se puede dar una respuesta factible, sin impacto negativo, definitiva y rápida a un problema que afecta a San Isidro y a su población.
Así se lo hemos planteado desde el año 2006 a cada uno de los sucesivos Presidentes de la Suprema Corte provincial (Roncoroni, Soria, y Genoud), entregándoles una carpeta con documentación sobre el lugar,- en el primer caso fue en el Colegio de Abogados de San Isidro- al igual que al anterior Ministro de Justicia de la Provincia. Con el actual titular de ese Ministerio, Jorge Casal, esto se analizó poco antes que asumiera el cargo, logrando un compromiso de implementar esta solución.
El traslado de los tribunales desde el Centro de San Isidro tiene el consenso de toda la comunidad y la alternativa de ubicarlos en ese lugar de Boulogne recibe un vigoroso apoyo.
La peor alternativa es que siga pasando el tiempo sin que se produzca el traslado.
La propuesta transitoria representaba una mejora, pero tal cual surgió en el marco del sano debate y de mi compromiso expresado durante las reuniones a las que he convocado a la comunidad, en particular de La Horqueta y su Junta Vecinal, la solución no debe perjudicar a ningún vecindario.
Buscando esa solución definitiva y con consenso se expresó también el Honorable Concejo Deliberante, que en su sesión del 22 de Diciembre emitió una Resolución por la que solicita a las autoridades provinciales competentes que “inicien las acciones tendientes a recuperar las instalaciones de su propiedad, sitas sobre la calle Bernardo de Irigoyen de la Ciudad de Boulogne, actualmente ocupadas por una concesión a favor de la entidad civil conocida como DIMA, quien a su vez permite una explotación comercial en las mismos, a fin que en ellos se traslade la mayor cantidad de actividades desarrolladas por el Fuero Penal Departamental”.
Al recibir esta Resolución, le envío el pedido del Concejo Deliberante a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, al Gobernador y al Ministro de Justicia provincial, remarcándoles que el tiempo transcurrido y el fuerte consenso alcanzado en la comunidad de San Isidro, dan por superadas las alternativas transitorias y cualquier otra propuesta que no sea iniciar en el corto plazo el emplazamiento de las actividades judiciales en el establecimiento señalado.
Cordialmente.
Dr. Gustavo Posse
Intendente Municipal
