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Difícil lucha contra la piratería
   
En los últimos meses la lucha de los gobiernos de la Unión Europea contra las descargas ilegales se ha acelerado. Pero establecer leyes en contra de la piratería está resultando complicado: la tecnología sortea las medidas y, además, dejar las actuaciones a los tribunales no parece práctico ni rápido.

La última iniciativa proviene de Gran Bretaña, que se incorpora a un camino que ya están recorriendo Suecia y Francia, pero se sospecha que sus medidas no van a tener demasiada eficacia. De hecho, las empresas de ocio ya estudian grandes portales donde ofrecer películas y música ordenadamente, como una alternativa para recuperar los ingresos que se les escapan.

Hace menos de un mes el gobierno británico daba luz verde a una serie de medidas encaminadas a frenar las descargas ilegales de música y películas on line. Las propuestas, que todavía requieren la aprobación del Parlamento, plantean penalizar a los piratas mediante un sistema de avisos y cortes del acceso a la red.

Un acuerdo de las empresas proveedoras de Internet, las productoras de contenidos y el organismo regulador Ofcom permitirá una actuación gradual con una primera fase de advertencias: las empresas de internet podrán enviar cartas a los clientes sospechosos de descargas ilegales; si las prácticas piratas no se interrumpen, las compañías propietarias de las imágenes y la música requerirán la identificación de los usuarios amonestados con el fin de iniciar acciones legales contra ellos. Si no hay éxito, en la segunda fase Ofcom podría forzar a las proveedoras de internet a limitar el acceso a los usuarios reincidentes restringiéndoles el ancho de banda temporalmente o cortando la conexión de manera intermitente durante los procesos de descarga.

Las empresas de ocio ya estudian grandes portales donde ofrecer películas y música ordenadamente, como una alternativa para recuperar los ingresos que se les escapan.

Pero a pesar del esfuerzo del gobierno británico, los representantes de las empresas se quejan de la lentitud del proceso que se propone. Para el grupo Respect for film, que representa a la industria cinematográfica, las medidas no van directamente al grano, es decir, a limitar el ancho de banda de los que efectúan descargas ilegales; “el envío de cartas de advertencia probablemente disuadirá solo a una tercera parte de los que usan redes P2P (Peer to Peer) para conseguir los archivos”, señaló uno de sus representantes y “en definitiva se retrasará todo”.


Primera condena en Suecia

El único antecedente normativo hasta esa fecha era el de la legislación sueca que entró en vigor en abril y que se considera extremadamente radical por los usuarios. La ley antipiratería de Suecia, conocida como IPRED, toma el nombre de la directiva europea Intellectual Property Rights Enforcement Directive, que todavía hoy se sigue debatiendo en la Unión Europea. Con la medida anticipatoria puesta en marcha por Suecia los propietarios de los derechos de cualquier obra pueden obtener una orden judicial que obligue a los Proveedores de Servicios de Internet (ISP) a suministrar las direcciones IP o identificaciones de los ordenadores que hubieran compartido esos materiales sin su autorización.

De hecho, la primera gran batalla judicial ya ha tenido lugar contra los propietarios de la página The Pirate Bay Web, una página de intercambios que acumula millones de entradas desde su creación, a los que se les impuso una multa de 30 millones de coronas suecas y un año de prisión, que por supuesto han recurrido.


Vía judicial

La lucha para frenar las descargas que, según los creadores, vulneran los derechos de autor, también esta teniendo un proceso largo y debatido en Francia. Como en el caso británico, prevé un sistema de avisos repetidos (primero un mensaje por correo electrónico y, si hay persistencia, una carta certificada) que puede llevar tras un año al corte total de la conexión de los que no respetaran el copyright.

Pero la ley antipiratería impulsada por el gobierno de Sarkozy ha sufrido ya algunos reveses. A mediados de junio varios artículos fueron descartados por el Consejo Constitucional, que calificó el derecho a la conexión a internet como un derivado directo de la libertad de comunicación y expresión recogida en la declaración francesa de derechos de 1789. En su documento el garante de la Constitución francesa descarta que un corte de conexión pueda estar en manos de una autoridad administrativa, tal como preveía el proyecto francés, y lo remite a una decisión judicial.

El informe de este organismo ha caído como un jarro de agua fría sobre el Ejecutivo francés y las asociaciones que defienden los intereses de los autores que, en las mismas fechas, se reunían para celebrar un supuesto triunfo en la segunda Cumbre Mundial de Derechos de Autor en Washington. El nuevo retraso –la normativa tendrá que adaptarse– les ha decepcionado. “Cada día que pasa las costumbres de pillaje generalizado se consolidan más y esto es insufrible”, afirmaba Bernard Miyet, presidente de la Sociedad de Autores, Compositores y Editores de Música. Tampoco les convence el recurso a los tribunales: “habrá diez mil querellas en un juzgado, ¿qué eficacia real tendrá eso?”, se preguntaba.


Lucha en la Eurocámara

Precisamente muy pocos días antes el Parlamento Europeo ya había llamado la atención sobre ese mismo punto para determinar que cualquier legislación europea sobre la materia que pretenda restringir el acceso a internet a los que se descarguen música u otros contenidos sin permiso, deberá contar con una orden judicial previa que la respalde y no bastará con la autorización de un simple organismo administrativo o de control.

Esta decisión de la Eurocámara, tomada en mayo, es un cambio de rumbo en la denominada reforma del Paquete de las Telecomunicaciones, que inicialmente pretendía dar vía libre a las legislaciones de cada Estado de la Unión Europea en esta materia. El cambio de última hora, logrado por una enmienda de Los Verdes, aplaza la decisión sobre la reforma nuevamente, algo que han recibido con gran satisfacción millares de internautas que habían hecho su campaña entre los eurodiputados. Precisamente la lucha contra las restricciones en la Red ha llevado a un partido sueco creado con este fin –Partido Pirata- a conseguir su primer representante en la Eurocámara. Los doscientos mil votos, en su mayoría de jóvenes de su país, se proponen naturalmente que se dejen de perseguir los programas de intercambio de archivos.

Todos estos precedentes hacen pensar que tampoco llegarán rápidamente a puerto las negociaciones que mantienen en España la Coalición de Creadores y los operadores de Telecomunicaciones. La legislación española establece el derecho de copia privada y la descarga de archivos digitales para uso personal y sin ánimo de lucro. Tras muchos meses de discusión siguen sin ponerse de acuerdo en el sistema de avisos y cortes para los autores de los intercambios de archivos protegidos por derechos de autor, a los que sí cabría exigir una indemnización económica.

Reforzadas con las últimas novedades europeas, las empresas españolas proveedoras de internet se niegan tajantemente a facilitar datos identificativos de los usuarios particulares y a suspender las conexiones a internet. Algo más abiertos están, en cambio, a actuar contra los responsables de las páginas web que alojan o enlazan los archivos protegidos por copyright y que ofrecen los intercambios. Se calcula que en España las tres cuartas partes de las descargas se concentran en unas 200 webs, pero aún así eso ya no será posible sin mandato judicial.

En este punto, la opción más razonable es una campaña publicitaria de concienciación sobre el respeto a la propiedad intelectual con la colaboración de todo el sector y la creación de un portal con ofertas atractivas y seguras de contenidos digitales, como ya estudian empresas en otros países. En estos meses los propietarios de la página de intercambios The Pirate Bay condenados en Suecia ya han encontrado un buen comprador, la compañía sueca Global Gaming Factory (GGF), especializada en software y juegos, que se plantea moverse en el marco de la legalidad. Según afirmaba recientemente Hans Pantenya, presidente de GGF, “se van a introducir modelos que garanticen que los proveedores de contenidos y los titulares de derechos de autor reciban pagos por los contenidos descargados a través del sitio”. Las versiones de mayor calidad tendrán un precio y los usuarios también podrán generar ingresos al compartir sus propios archivos.


-> M. Ángeles Burguera

 

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