Si hay algo que es funcional a los enemigos de la vida más indefensa es el ocultamiento, el eufemismo, el llamar a las cosas de otro modo para que no se tenga conciencia de los hechos y sus consecuencias.
Como se aclaró infinidad de veces en los últimos 8 o 10 años, no corresponde hablar de "interrupción" cuando se trata de la vida, porque el término implica la posible reanudación de un proceso. Y está claro que si se hace algo para que no haya vida, no hay nada que permita revertir esa situación. Salvo un milagro, claro.
Lo que hay en el vientre de una mujer (una "persona gestante" no puede ser otra cosa) es una vida (humana, por supuesto) en un estadío determinado que si nada ocurre concluirá con un nacimiento. Esa vida es, para la máxima norma del país (la Constitución Nacional), un niño. Y para el Código Civil y Comercial vigente (del 2015) se trata de una persona, con todos los derechos que le caben.
No obstante estas verdades que pueden ser desconocidas, pero que una vez sabidas son indiscutibles, en la Argentina una inconstitucional ley impuso que se puede liquidar a ese niño, persona, ser humano, por varios motivos. O por ninguno.
El viernes 4 de Septiembre fue publicada en el Boletín Oficial la Resolución N° 6789 del ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires en la que se aprobó el nuevo vademecum obstétrico. La medida, informada por el servicio de noticias Notivida, lleva la firma de Nicolás Kreplak, el ministro de Salud.
El listado incorpora anticonceptivos de larga duración (implantes subdérmicos, sistemas intrauterinos, etc., los mismos que compra el Estado Nacional) y fármacos que llevan a la muerte a seres humanos antes de nacer (misoprostol y mifepristona).
La resolución ministerial sostiene:
Que las obstétricas se constituyen como agentes clave que pueden prescribir medicamentos sin requerir la presencia de profesionales médicos.
Que la ley de aborto (27.610) profundiza la necesidad de fortalecer la formación y el rol de las Licenciadas en Obstetricia en la atención de los procesos (no) reproductivos y de adecuar el vademecum para asegurar la implementación efectiva de la norma.
Que en la Provincia de Buenos Aires aproximadamente el 90% de los abortos se realizan mediante métodos farmacológicos y en modalidades autogestionadas.
Que la provisión de abortos de niños de menos de trece (13) semanas de gestación puede ser realizada por personal no médico.
El Colegio de Obstétricas de la Provincia de Buenos Aires volvió a cuestionar la medida, advirtiendo que una disposición administrativa no puede modificar los alcances de un título universitario.
La posición del Colegio recibió el respaldo de entidades profesionales, entre ellas la Federación de Entidades Profesionales Universitarias de la Provincia de Buenos Aires, que reafirmó su compromiso con la defensa del ejercicio profesional, el respeto institucional, la autonomía universitaria, la jerarquía normativa y la seguridad jurídica de los profesionales bonaerenses.
En el mismo sentido se pronunciaron los Colegios y Consejos Profesionales de Zona Oeste y el Foro de Entidades Profesionales del Noroeste.
Esta medida ministerial se suma a muchas otras acciones de gobiernos provinciales o autónomos (la Ciudad de Buenos Aires) que no paran de facilitar la muerte de seres indefensos y el daño emocional y psicológico de sus progenitores y otros familiares.
Es imposible negar el impacto que tiene en la salud mental general la realidad del aborto que se ha llevado la vida de cerca de 1.000.000 de personas (la mitad en ámbitos estatales). Cada uno de esos niños tiene una madre y un padre, abuelos, hermanos, tíos, y ese acto de crueldad (al que se llega por soledad, abuso, ausencia de buenos proyectos de vida, etc.) apañado por ciertos médicos, enfermeros, farmacéuticos, activistas y políticos, sacude secretamente el equilibrio psicológico de cualquiera. De ahí puede ocurrir que surjan la depresión, las adicciones, la inestabilidad, la violencia, el suicidio.
Cada vida es un milagro, un don, una maravilla. Y cada vez que, deliberadamente, se la sesga, se la cancela, algo serio sucede que tendrá múltiples consecuencias.
Facilitar desde el Estado o desde la actividad privada la realización de abortos es un acto destructivo de la sociedad en su conjunto.
