El jueves 6 de Agosto el gobierno de Javier Milei intentará nuevamente avanzar con su proyecto de facilitar que el territorio nacional y los recursos naturales de la Argentina puedan pasar a manos extranjeras en un porcentaje mayor al que aún establece la Ley de Tierras (26.737).
Afortunadamente muchísimos ciudadanos, sin partidismo alguno, comprenden a grandes rasgos la amenaza a la soberanía y el desarrollo que implica ponerse de rodillas ante el poder internacional, que nunca dejó de codiciar las riquezas de la Argentina.
Ahora, gracias a Milei, el teórico de cambiantes principios, el odiador serial de criterios ajenos, el violento acusador del periodismo independiente, el que promete luchar contra los males y luego nada hace, el que rechaza con vehemencia lo que después abraza con pasión, los enemigos de la Argentina no necesitarán armamento y tropas para que apropiarse de nuestras riquezas.
Como ha solido pasar, entre las pobres y falsas argumentaciones que defienden el cambio, está la referencia emocional a los miles de inmigrantes que hace muchos años llegaron a la Argentina, compraron propiedades y forjaron su destino familiar, construyendo empresas y dando trabajo. La propuesta mileista no va en ese sentido, todo lo contrario.
Serán poderosos capitales que estarán felices de que el gobierno le facilite avanzar con emprendimientos diversos en tierras misteriosamente incendiadas, serán voraces corporaciones beneficiadas con exenciones impositivas preferenciales, leyes laborales favorables y escaso control sobre aspectos medioambientales.
La ampliación del 15% al 25%, contra el "sin límites" que se estaba proponiendo, es sólo una burda estrategia para lograr el apoyo de algunos aliados e incautos.
Es imaginable que, tal vez, la suba de "solo" ese 66% sobre el tope legal actual por provincia, sea suficiente para satisfacer a capitales ya agazapados a la espera de la aprobación parlamentaria. Así se mueve la política y estamos acostumbrados a que, como hace un mago, nos empujen mirar hacia otro lado para no descubrir el truco.
En primer lugar está la consideración de que un particular o una empresa (no un Estado) podrían comprar y luego actuar favoreciendo, tarde o temprano, a otra Nación. Y en segundo término está que la voracidad de los "inversionistas" pueda ser satisfecha con "sólo" el 25% de los territorios de una provincia donde estén las riquezas, el agua y los beneficios. No precisa adquirir toda la jurisdicción.
La Argentina, junto a Bolivia y Chile, concentra más del 50% de las reservas mundiales de litio (el codiciado mineral que se usa para hacer baterías recargables de teléfonos, coches híbridos, bicicletas, cámaras digitales, computadoras portátiles e incluso para almacenar energía para la red eléctrica.). No es preciso comprar tres provincias para controlar toda esa riqueza y ni siquiera llegar al 25%.
La ley que pretende Javier Milei habilitaría la compra por parte de extranjeros de zonas de frontera sin límite, algo que pone en riesgo la seguridad, al aumentar las posibilidades de ingreso de drogas que HOY ya pasan por las fronteras. Como si fuera poco, también debilita el control frente a delitos como la trata de personas y el contrabando.
Con la ley actual no está prohibido comprar zonas de frontera, pero quien compra tiene que dar aviso a la Dirección de Fronteras y someterse a controles para explicar por qué compró ese territorio. Con las modificaciones que propone el gobierno de Javier Milei los controles desaparecen.
El proyecto del oficialismo eliminaría el tope de 1.000 hectáreas que tienen los extranjeros para comprar tierras en la zona núcleo del país. Este punto de la ley actual es central porque protege a la Pampa húmeda donde se produce, entre otras cosas, soja, maíz, trigo y girasol.
La ley vigente que fija los límites protectores se aprobó en el Congreso en el 2011, cuando surgió el firme interés del gobierno chino de comprar cerca de 1.000.000 de hectáreas para producir alimentos y llevarlos a su país. India también pretendía algo similar.
Ese mismo año, se creó el Registro de Tierras para conocer qué porción del territorio argentino ya estaba en manos foráneas. Ahí ya se supo que había varios departamentos provinciales con recursos naturales o en zonas fronterizas que estaban excedidos del límite.
Cinco años más tarde, en 2016, Mauricio Macri dispuso (Decreto 820/2016, publicado el 30 de Junio) la modificación de la Ley de 2011 y amplió al 51% la participación de extranjeros en las sociedades autorizadas a comprar tierras en el país. Por esas concesiones de Macri, hoy hay 36 departamentos están excedidos del límite e incumplen con la ley.
En toda la Argentina hay más de 13.000.000 de hectáreas en poder de extranjeros. Entre ellas, áreas de frontera, la vera del río Paraná, nodos logísticos clave, regiones con potencial minero, territorios con cursos de agua en zonas frías, acuíferos de importancia estratégica y extensas áreas de bosques nativos.
Con la nueva ley la situación discutible de quienes están excedidos quedaría legalizada.
Javier Gerardo Milei supo decir hace apenas 2 años con diabólica sonrisa y mirada turbia, que amaba ser un topo para destruir al Estado desde adentro.
Y está a la vista que con el cierre de miles de fuentes de trabajo, la pérdida del poder adquisitivo del salario, el desprecio por los ancianos, enfermos y personas con discapacidad y el rechazo a las obras públicas fundamentales, entre otras cosas, su objetivo es acabar con la Argentina mientras acusa de terroristas a quienes piensan distinto.
