Profesionales, familiares y pacientes de instituciones que atienden a personas con discapacidad se movilizaron este miércoles 22 de Abril en distintos puntos del país para reclamar al gobierno nacional que aplique de la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad que sancionó el Congreso en 2025 y ratificada en varias instancias por el Poder Judicial. También se oponen al proyecto de ley anunciado por las autoridades nacionales que busca eliminar prestaciones y coberturas.
La situación es tan dramática que muchas instituciones están en riesgo de cerrar, sumandose a las que ya cesaron, provocando un severo perjuicio a las personas con discapacidad y a sus familias.
El programa Incluir Salud, que mantiene deudas desde Octubre del 2025, no se actualiza y la falta de cobro impide a los prestadores "cumplir con obligaciones básicas como salarios, servicios y proveedores”.
Las personas con internación domiciliaria no están recibiendo pañales, medicamentos, sondas, leche, enfermerías ni insumos básicos.
Marcela Gómez, madre de un chico con respirador artificial internado en su casa, contó a C5N que “desde la semana pasada” no encuentra una enfermera “porque les pagan 3.000 pesos la hora. Es una pelea constante con la empresa que sostiene la internación”.
El argumento del Gobierno para no cumplir con la Ley de Emergencia es que existe un “sistema fraudulento” de otorgamiento de pensiones, aunque no dio pruebas de ello.
Las organizaciones exigen una actualización de los aranceles para las distintas especializaciones que reciben las personas en tratamiento, el fin del ajuste presupuestario en el sector, y la universalidad de las prestaciones con costos actualizados en nomenclador.
Si se dan de baja los parámetros del nomenclador, las obras sociales podrían pagar valores a su antojo que, obviamente, estarian por debajo de lo razonable.
El gobierno y su proyecto
La gestión de Milei envió al Senado un proyecto de ley para modificar sustancialmente la Ley de Emergencia en Discapacidad que no viene aplicando, a pesar de que la Justicia así lo dictaminó.
El texto que lleva como nombre “Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez” plantea nuevas restricciones para los potenciales beneficiarios, redefiniendo los criterios para acceder a la ayuda estatal.
El eje principal del proyecto de ley que, al igual que lo sucedido con la ley de financiamiento universitario que incumple el Ejecutivo, implica una estrategia en la que La Libertad Avanza busca ganar tiempo vía el debate de una nueva ley, es la derogación de los artículos 5, 8, 9, 14 y 20 de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad N° 27.793. “Buena parte de estos aplicaba a la universalidad de la ayuda y retrotrae todo al modelo previo a la sanción de la Emergencia”.
Según el texto oficial, la nueva ley exigiría un reempadronamiento obligatorio para todos los titulares de pensiones por invalidez, quienes deberían acreditar otra vez su condición médica, situación socioeconómica y antecedentes laborales. "Aquellos que no lo hagan sufrirán una suspensión automática de la pensión y la pérdida del beneficio“. Además, propone un proceso de fiscalización de los pedidos de pensión que incluirá cruce de información entre la ANSES, ARCA, SINTyS y otros organismos públicos.
