El gobierno británico está promulgando una legislación que entraría en vigencia el 31 de Octubre para atacar a los provida y proteger a las empresas que se dedican a matar niños antes de nacer.
Se trata de una ley que prohibiría las protestas, la oración silenciosa y hasta hablar con quien se acerca a menos de un radio de 150 metros de cualquier clínica o instalación que deseche seres humanos en gestación.
La nueva ley también elimina las exenciones que permitían la comunicación dentro de las zonas, como la entrega de folletos o establecer conversación con quienes llegaban a una clínica abortista.
También se establecería que es ilegal que cualquier persona haga algo que "obstruya a alguien en el uso de servicios de aborto o cause acoso o angustia a una paciente o empleado de la clínica", señala el medio The Daily Telegraph. El alcance de la aplicación incluye hacer ilegal que alguien "influya intencionadamente en la decisión de alguien de usar servicios de aborto", lo que prohibiría ofrecer ayuda o consejo, o simplemente una palabra amable.
La tasa de natalidad del Reino Unido ronda el 1,57, lo que implica que no puede mantener una pirámide de población estable (el índice debe rondar 2,1). Según datos de 2022, en Inglaterra y Gales hubo 252.122 abortos, un 17% más que en el año anterior. La mayoría de los asesinatos intrauterinos se hizo cuando las madres cursaban 10 semanas de embarazo y el método utilizado en un 61% con medicamentos.
"Acceder a los servicios de aborto es un derecho fundamental para las mujeres en este país, y nadie debería sentirse inseguro cuando busca acceder a esto", afirma Jess Phillips, ministra de protección del ministerio del Interior británico.
"Durante demasiado tiempo, las clínicas de aborto han estado sin estas protecciones vitales, y este gobierno está decidido a hacer todo lo que podamos para que este país sea un lugar más seguro para las mujeres."
Recientemente, la policía británica tuvo que pagar 13.000 libras en compensación a una mujer católica que había sido arrestada injustamente por rezar en silencio fuera de una clínica de aborto.
La policía de West Midlands admitió haber realizado dos arrestos injustos de Isabel Vaughan-Spruce, junto con encarcelamientos falsos, agresión y malos tratos en relación con una búsqueda intrusiva, una violación de sus derechos humanos y las onerosas condiciones de fianza que le impusieron.
La noticia sobre la legislación propuesta para octubre se dio a conocer el mismo día en que un veterano militar británico, que dice haber perdido un hijo por aborto, está siendo juzgado por rezar en silencio en una zona cercana a un abortorio en Bournemouth.
El mismo medio periodístico informa que el Colegio de Policía y la Fiscalía de la Corona están elaborando una guía para los oficiales que tendrán que decidir si pueden "sospechar razonablemente" que cualquier comportamiento cumple con el umbral de influir, obstruir o acosar intencionalmente a una persona que asiste a una clínica.
El Partido Laborista también está impulsando otra legislación que preocupa profundamente a la Iglesia Católica. Recientemente se informó que el Primer Ministro Keir Starmer está buscando acelerar una ley de "muerte asistida" a través del Parlamento antes de Navidad.
Respuesta episcopal
Los obispos de la Iglesia Católica advierten que la legislación representa una amenaza para la libertad de expresión, de pensamiento, de conciencia y de religión para personas de todas las creencias y también para quienes no tienen ninguna.
Mons. John Sherrington, responsable de los temas relacionados con la vida en su conferencia episcopal, afirmó que la legislación afectará a las personas de fe al restringir la libertad de expresión y al criminalizar una serie de actividades.
