Andrés Rafael Suriani es salteño, tiene 57 años, es licenciado en ciencia política, es docente universitario y fue concejal y luego diputado por su provincia entre 2017 y 2021.
En 2020 fue cuestionado por expresar su rechazo a lo decidido por Martín Llaryora, intendente de la ciudad de Córdoba, que reemplazó la bandera nacional en el Parque Sarmiento por la que utiliza el movimiento LGBT. En esa oportunidad, un grupo de veteranos de guerra de Malvinas se ocupó de quitar la enseña multicolor por nuestro símbolo patrio. No obstante el gobierno de la ciudad volvió a quitar la bandera nacional para continuar con la ofensa.
Ahora, Suriani volvió a ser atacado pero no ya por "influencers" o periodistas de dudosa objetividad, sino por miembros de la Justicia.
La jueza subrogante del Juzgado de Violencia Familiar y de Género 2 de Salta, Gisela Centeno, firmó un fallo a través el cual impuso un "bozal legal" al periodista Andrés Suriani para impedirle opinar en contra del aborto, una medida violatoria del derecho constitucional que todos los ciudadanos tienen a expresar libremente las ideas, máxime cuando la ley que habilitó el aborto a demanda está en contra de la Ley Fundamental.
Suriani, con el marco del Día del Niño por Nacer, el 25 de Marzo, reflexionó en Whatsapp, un recurso privado que usan millones de argentinos, que era bueno ir conociendo las caras de los realizan abortos, sin nombrar a la médica, la sicaria, que parece ser la responsable de numerosas prácticas en el Hospital Materno Infantil de Salta. El comentario del ex diputado trascendió misteriosamente el límite de lo privado y se inició una demanda por atentar contra la médica bajo las difusas interpretaciones de la violencia "de género".
Valga señalar también que la ley genocida 27.610 contempla en su texto la objeción de conciencia para el personal de salud, los que están directamente afectados por práctica que busca destruir a un argentino indefenso, inocente y en desarrollo dentro del vientre de su madre. Si un médico puede decir "No. Yo no hago abortos" ¿Cómo podría impedírsele a un ciudadano, en particular periodista, opinar, sólo opinar en contra de tan aberrante operatoria homicida?
Sin dudas, lo decidido por Centeno carece de sustento. Suriani no tiene superioridad sobre la médica ni lo sucedido reviste las características de una agresión sexual para que se argumente que hubo violencia. Se trata, simplemente, de una opinión en un ámbito privado que, si así no fuera, tampoco constituiría un delito. El profesional médico en cuestión podría haber sido hombre y, estimamos, Suriani hubiera opinado lo mismo: es bueno ir conociéndole las caras.
Como es sabido, estas medidas que pueden parecer menores, que no prosperarán si se avanza en otra instancias judiciales, son parte de la intención totalitaria que busca acallar cualquier pensamiento libre, independiente y, en especial, contrario a la cultura de la muerte y los ataques a la familia y los sanos valores nacionales.
