En la Argentina, al igual que en otros países, la Constitución fija el marco superior al cual debe ajustarse toda ley, toda resolución, toda norma inferior.
No es difícil de comprender y, sin embargo, son las mismas autoridades las que se ocupan de ignorarla, transgrediendo los cimientos de la sociedad organizada.
Algunos (tal vez muchos), ante esta realidad, asumen que están habilitados a hacer lo se les venga en gana ya que si el Estado no respeta la Ley Fundamental ¿por qué deberían acatar lo que una resolución o ley, que son inferiores, establecen?.
Entre los artículos de la Constitución Nacional hay dos que otorgan derechos básicos que, caprichosa y arbitrariamente, los gobiernos impiden muchas veces ejercer, sea por deliberada maldad o por pertinaz incompetencia.
El artículo 14 señala que los habitantes de la Nación tienen derecho a trabajar y ejercer toda industria lícita, a navegar y comerciar, a peticionar a las autoridades, a entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino, a publicar sus ideas por la prensa sin censura previa, a usar y disponer de su propiedad, a de asociarse con fines útiles, a profesar libremente su culto, a enseñar y aprender.
Sólo pensando en lo que ha venido sucediendo en los últimos 17 meses con la forma en que se manejó todo en torno al misterioso SARS-Cov2, pone en evidencia los derechos que han sido boicoteados con no pocos daños permanentes tanto en la salud como en la economía de muchísimas familias. Enfermedades no atendidas, muerte, familiares impedido de ver a sus enfermos y pérdida de comercios y empresas de muchas décadas de esfuerzo son algunas de las consecuencias de las violaciones a los derechos consagrados en la Constitución, con la complicidad de oposiciones políticas, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil.
El artículo 14 bis, por su parte, consigna derechos referidos al trabajador como los beneficios de la seguridad social, "que tendrá carácter de integral e irrenunciable", "la protección integral de la familia" y "el acceso a una vivienda digna".
Directa o indirectamente, aparecen medidas administrativas, reglamentaciones y leyes sin que nadie advierta seriamente que no se está respetando la ley de leyes, el marco institucional de la Argentina. Proyectos legislativos que no deberían pasar de la presentación terminan impunemente convertidos en leyes. Personas que, al menos por vergüenza, deberían dejar de aparecer en público vuelven a ser funcionarios costeados "generosamente" con sueldos que se le arrebatan a lo importante.
Las medidas en torno del Covid-19, las promesas ridículas sobre compras de la vacuna experimental (y el rechazo a toda información o debate sobre el tema), la discrecionalidad en los gastos públicos, las restricciones a los ciudadanos que no cumplen los funcionarios, la ley genocida del aborto, el derrumbe sistemático de la educación, la inmoral pobreza, la destructiva ley de alquileres, el falso "aporte solidario", entre muchas otras cosas del último tiempo desalientan a pensar que, alguna vez, haya una solución a los profundos daños de una violación "en manada" de la Constitución Nacional.
