Desde hace muchos años el Estado debería pagar MENOS SUELDOS y, sistemáticamente, hace todo lo contrario fabricando áreas de gobierno y dilapidando el dinero que todos sabemos que no alcanza y que no le pertenece.
En una nueva acción propia del totalitarismo ideológico, se publicó en el Boletín Oficial la ampliación del temario de las sesiones extraordinarias que incluye el tratamiento del Proyecto de Ley de Promoción del Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero.
De aprobarse el proyecto (y dado el "compromiso" de la clase política con esta minoría y los negocios que implica no hay dudas de que así será), las personas trans (hayan o no tramitado el cambio administrativo que permite la ley de identidad de "género") DEBERÁN representar NO MENOS DEL 1% del total de los empleados de cada uno de los tres poderes del Estado nacional.´
Los organismos públicos deberán establecer RESERVAS DE PUESTOS para ser ocupados exclusivamente por empleados en esa situación.
Para que no haya trabas para el ingreso, los aspirantes que no tengan completo su nivel educativo de acuerdo a las exigencias legales vigentes PODRÁN INGRESAR con la condición de cursarlos y finalizarlos.
Como si eso fuera poco, la ley OBLIGARÍA A NO TENER EN CUENTA si el aspirante tiene antecedentes contravencionales o ANTECEDENTES PENALES que no se consideren relevantes para el puesto.
El proyecto también contempla INCENTIVOS al sector privado, tales como DESCUENTOS en los impuestos nacionales. Además, el Banco Nación ofrecerá CRÉDITOS A TASA PREFERENCIAL para el financiamiento de los emprendimientos de esta población.
Se abrirá un confidencial Registro Único de Aspirantes en el que se consignará "únicamente" el nombre AUTOPERCIBIDO, los antecedentes (educativos y laborales), aptitudes y PREFERENCIAS LABORALES de los aspirantes.
Se creará una Unidad de Coordinación Interministerial para MONITOREAR la implementación de la ley. La autoridad de aplicación deberá promover ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN de personas trans, en representación de organizaciones sindicales y de la sociedad civil de todo el país para el seguimiento de la ley.
El incumplimiento total o parcial de la ley por parte de los funcionarios públicos responsables "CONSTITUYE MAL DESEMPEÑO en sus funciones o falta grave, según corresponda".
