Diputados radicales intentan que el Plan ENIA (E.S.I., anticoncepción y aborto) se convierta en una "política de Estado". Quieren disponer la intangibilidad de su presupuesto para que el Plan permanezca "más allá de las coyunturas partidarias y de los distintos gobiernos".
Como informó Notivida, el 20 de Agosto del 2019 se realizó en la Cámara de Diputados una reunión de la Comisión Bicameral de los Derechos de Niños y Adolescentes en la que funcionarios del Gobierno nacional brindaron un informe de gestión del Plan ENIA (Plan Nacional de Prevención y Reducción del Embarazo No Intencional en la Adolescencia).
En la reunión se mencionaron avances en los tres ejes del Plan que son:
1) Implementación de la E.S.I. (focalizada en la anticoncepción) e instalación de asesorías sobre "salud reproductiva" en escuelas, centros de salud y organizaciones de base comunitarias;
2) Promoción y distribución masiva de anticonceptivos, particularmente los de larga duración (Dispositivos intrauterinos e implantes subdérmicos) y
3) Facilitación del aborto en menores (Notivida Nº 1169).
En la misma reunión se firmó un convenio de cooperación entre los ejecutores del Plan y la Bicameral del Niño y Adolescente para hacer un trabajo conjunto de seguimiento del Plan. Con esto -y tras las elecciones P.A.S.O. - incorporaban en el Plan interministerial un nuevo actor: el Poder Legislativo, tratando de blindar su estabilidad.
Con el mismo objetivo, un grupo de diputados abortistas presentó ahora un proyecto de ley que dispondría "la intangibilidad de las partidas del Presupuesto" destinadas al cumplimiento del Plan ENIA, que deberían ser "adecuadas a sus fines y objetivos" y bajo ninguna circunstancia "inferiores a las aprobadas en el presupuesto del ejercicio anterior". Recordemos que en el presupuesto 2019 se adjudicaron por primera vez fondos al Plan ENIA por 489.000.000 DE PESOS.
La finalidad es, según se lee en los fundamentos del proyecto, que el Plan ENIA "lejos de constituir sólo la expresión de un programa o una iniciativa circunstancial, se consolide como política de Estado, es decir, como un consenso transversal de 'las y los' argentinos en torno a la necesidad de enfrentar esta problemática más allá de las coyunturas partidarias y los distintos gobiernos".
El expediente (4230-D-2019) fue presentado por los radicales Silvia Martínez (Jujuy), Albor Cantard (Santa Fe), Claudia Najul (Mendoza), Brenda Austin (Córdoba) y Fabio Quetglas (Buenos Aires). A ellos se sumó Carla Carrizo (Evolución Radical, Ciudad de Buenos Aires).
