Fue ella quien envió a seguidores a reunirse con el presidente de la Cámara de Casación, Alejandro Slokar, un adherente a sus políticas de gobierno, para diagramar las "medidas de seguridad" en la mañana de este miercoles 13 de Abril.

Slokar -integrante de la organización kirchnerista "Justicia Legítima"- dispuso que el operativo de seguridad de la concentración frente a los tribunales federales, a donde tuvo que concurrir Cristina Fernández, estuviera en manos de la militancia kirchnerista.

Precisamente un cordón de activistas de "La Cámpora", identificados con pecheras azules, se ocupó de definir quién podía acceder al sector impidiendo que parte del periodismo pudiera cumplir su labor.

Pero más allá de Cristina Fernández, su victimización y la agrupación de choque que organizó el traslado de seguidores con micros desde distintos puntos del conurbano, hubo autoridades que no complieron con su función.

Era esperable que hubiera tensión, tropa arreada y fogoneo de militantes. Cualquiera lo habría sabido. Pero el Estado Nacional, en especial el ministerio que encabeza Patricia Bullrich, el gobierno de la ciudad con su policía metropolitana, podrían haber trabajado en conjunto para gobernar la zona inmediata a los tribunales.

Mientras el Estado dispone que miles de policías controlen los alrededores de un partidito de fútbol, no hace nada para garantizar el orden y el trabajo periodístico ante un hecho de estas características.

Los seguidores de la viuda de Kirchner podrán ir a donde quieran a vivarla y cantarle. Podríamos decir que están en su derecho.

Pero la obligación del Estado es garantizar que tal manifestación de adhesión no agreda, rompa, o impida nada del normal desenvolvimiento de la sociedad.

Todo lo ocurrido tiene responsables y socios (voluntarios e involuntarios).