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El gobierno español apoya el derecho a matar
   
El Congreso español propondrá al Gobierno encabezado por José Luis Rodríguez Zapatero una nueva Ley de plazos que permita a las mujeres recurrir al aborto libre en un plazo máximo de 14 (catorce) semanas de gestación, han informado a la agencia EFE fuentes de la Subcomisión parlamentaria creada para reformar la actual legislación, vigente desde 1985.

Tras tres meses de duros debates e intervenciones de expertos, cada grupo expondrá el jueves 11 de Febrero sus conclusiones y será la portavoz del PSOE, Carmen Montón, quien sintetice un documento que tendrá que ser ratificado por la Comisión de Igualdad.  No obstante, el proceso se puede alargar porque la parlamentaria del Partido Popular Lourdes Méndez ha confirmado a EFE que su grupo presentará un voto particular contra el texto en la reunión de la Subcomisión, prevista para el día 12.

Los populares esperan contar después con tiempo para redactar y desarrollar su postura, y exponerla al resto de los grupos en otra convocatoria de este órgano parlamentario.  El gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero promoverá la nueva Ley en base al documento final y a lo que decida el Comité de Expertos organizado por la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, cuyas conclusiones, previsiblemente, serán coincidentes.

La nueva normativa considerará por primera vez en España el aborto como UN DERECHO, frente a lo que estableció el mismo Tribunal Constitucional, que en su sentencia de 1985, consideró el aborto como un delito, pero se limitó a despenalizarlo en los supuestos de peligro para la salud de la madre, violación y malformación del feto, alegando además que el Estado tiene que garantizar la vida del no nacido que, como establece la Constitución, sí que es un  derecho fundamental.

Aunque los socialistas no han desvelado cuál es el plazo de aborto libre que propondrán, los expertos convocados por este grupo han pedido que las mujeres puedan hacerlo sin alegar causa hasta las 14 o 16 semanas semanas, a excepción de los portavoces de las clínicas abortistas, que demandaron un plazo de hasta 24 (veinticuatro).

En la línea de lo anunciado por el ministro de Sanidad, Bernat Soria, el PSOE y las formaciones de izquierdas propondrán previsiblemente una regulación de la objeción de conciencia de los médicos. Estos grupos han coincidido en denunciar que sólo el 3 % de los abortos se practican en los hospitales públicos porque la inmensa mayoría de los facultativos se niegan a llevarlos a cabo, alegando cuestiones morales y éticas.  Una medida que poco dice de respeto a la libertad y si que habla mucho de imposición.

Otro tema novedoso, y sobre el que se desconoce la postura final de los socialistas, es la posibilidad de regular el que las niñas menores de edad puedan someterse a un aborto SIN LA AUTORIZACIÓN DE LOS PADRES.

El voto particular del Partido Popular, grupo contrario desde el principio a la ampliación del aborto, se basa en la premisa de que todos los expertos convocados han argumentado que es "malo" y "un drama para las mujeres", que conviene reducir el número de los que se practican en España y, finalmente, que atribuir a una persona la facultad legal de disponer de la vida de otra es inconstitucional.

Méndez, la parlamentaria del Partido Popular, ha explicado que su partido propondrá "medidas en positivo" de apoyo a las mujeres para que puedan seguir adelante con su embarazo frente a presiones económicas, laborales o familiares.  El PP ha esgrimido desde el primer momento que la Subcomisión y el Comité de Expertos han sido una "verdadera farsa" a la que el PSOE está "deseando dar carpetazo" porque su objetivo es simplemente reformar la Ley, tras la investigación abierta en algunas clínicas.

Los partidos que apoyan el aborto libre consideran que las recientes investigaciones judiciales sobre abortos ilegales revelan las "deficiencias" del marco actual. pero paradójicamente centran su objetivo en que las afectadas y los profesionales que practican los abortos no se sientan perseguidos y que se garantice la confidencialidad y la seguridad jurídica de estas personas, así como la equidad y accesibilidad de la prestación en el conjunto del Estado en la red sanitaria pública y concertada.

[Fuente: HO / EFE]





 

 

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