Arte y Esperanza [Pedro de Mendoza 589, San Isidro] estuvo presente en la marcha que se realizó en Salta por la lucha contra el desmonte y la expropiación ilegal de tierras.
Representantes de tres comunidades originarias del departamento de San Martín, en el norte salteño, denunciaron al Gobierno de esa provincia por "genocidio en grado de tentativa" como consecuencia de la continuidad de los desmontes masivos que, según ellos, fueron avalados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, y que ponen en riesgo la subsistencia de los poblados indígenas.
La denuncia la presentaron el jueves pasado en la comisaría 42 de Tartagal representantes de las comunidades Wichi de Sopfwayuk, Chowayuk y Hoktek T'oi, asentadas al costado de la ruta nacional 86, en la jurisdicción de Tartagal, cerca de la frontera con Bolivia.
Juan Vega, Eduardo Rivero, José Rivero, Roque Miranda y Florentino Pérez sustentaron su denuncia en postulados constitucionales de la Nación y de esa provincia, y pactos internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que reconoce la propiedad de la tierra a sus ocupantes originarios.
En la presentación, divulgada ayer, se afirma que los territorios ubicados sobre la banda occidental de la cuenca del río Itiyuro "se encuentran sujetos a un programa de desmonte masivo", por parte de particulares, avalados por la autoridad ambiental de la provincia. Se están realizando nuevas actividades de desmonte en el seno de nuestro habitat ancestral, sobre una superficie que calculamos en 10.000 hectáreas", detalla la denuncia. El área afectada abarca las tierras comprendidas entre el paraje Alcoba y la Comunidad Wichi de Tonono, sobre la ruta 86.
Los representantes aborígenes denuncian la deforestación desde 2004. Y aclararon que se vienen impugnando "los trámites administrativos de permiso de desmonte presentado por particulares ante la ex Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de Salta". Entre sus argumentos, manifestaron su "rotundo rechazo a las presentaciones de quienes quieren liquidar el bosque nativo que constituye nuestro modo de vida y la base de nuestra identidad".
Los aborígenes acusan al Gobierno de no haber escuchado sus reclamos "en abierta violación a nuestros derechos constitucionales y legales" y remarcaron "el impacto negativo que los desmontes tienen para nuestra existencia física y cultural".
Salta es una de las provincias con más desmontes. En 2007 se autorizó la destrucción de casi 500 mil hectáreas de bosques nativos. Un dato nacional ilustra la situación: a principios del siglo XX había 150 millones de hectáreas de bosques nativos. Hoy quedan menos de 31 millones.
