[2006] - Instalado como tema en la agenda nacional, la reforma educativa es una realidad que se viene. Gobierno, docentes y padres enfrentan un compromiso para las actuales y futuras generaciones: definir cuál es la escuela que se desea tener.
La reforma educativa que se realizó en la Argentina en la década del '90 está a punto de dar un giro. El gobierno nacional impulsa una nueva norma que reemplace la Ley Federal de Educación, reglamentada en 1993, con el objetivo de mejorar la calidad y la equidad, así como la inclusión de más niños y jóvenes en el sistema educativo.
En los últimos meses, la educación se convirtió en un tema de agenda y de consulta públicas. Docentes, alumnos, padres e instituciones de todo el país tuvieron la oportunidad de aportar su opinión acerca de la educación que quieren para el futuro. Para ello, el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación (MECyT) redactó un documento base con el fin de disparar el debate; también impulsó jornadas de reflexión en todas las escuelas del país; realizó una encuesta a través de diversos diarios y de Internet; abrió un foro de debate en la web y recibió aportes por escrito que acercaron numerosas instituciones de distinta índole (parte de esa discusión puede consultarse en http://debate-educacion.educ.ar/ley/).
Aunque no todos están de acuerdo con que haga falta una nueva norma -porque no garantiza por sí sola la excelencia educativa- muchos reconocen que el país está ante una renovada oportunidad de impulsar una mejora, si se obtiene el compromiso de todos los sectores de la sociedad.
"Los padres tendrían que interesarse en esto que se está hablando, que es nada menos que del futuro de sus hijos. Deben tratar de mirar cómo están interpretados sus derechos y sus deberes en la futura ley", reflexiona Elvira Suñer, directora del Departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad Católica Argentina (UCA). Según la especialista, los padres también deben analizar qué es lo que se propone como fin de la educación para los próximos años, diferenciando que una norma "no asegura la implementación". "No sólo hay que hacerse cargo de la letra sino que hay que comprometerse en la acción educativa que tengan las instituciones", afirma.
En los últimos años, numerosas experiencias y corrientes académicas han hecho hincapié en que los padres deben involucrarse en la vida escolar. La participación es vista como algo fundamental para favorecer la calidad de la enseñanza y el compromiso de los alumnos. Seguir de cerca los aprendizajes y dificultades de los chicos, interactuar con los docentes y directivos, conocer el funcionamiento de la institución, ser parte de proyectos especiales de la comunidad educativa y velar por el cumplimiento de las normas son algunos ejemplos de cómo puede traducirse esa participación.
La educación es un bien común y de cómo se desarrolle depende la calidad de vida del país, así como la superación de problemas como la pobreza, la exclusión social y el nivel cultural de todos los habitantes. No obstante, vale aclarar que el derecho-deber de la educación compete, en primer lugar, a la familia, pero requiere del esfuerzo de la sociedad en su conjunto; como bien común, debe ser valorado y cuidado por todos los ciudadanos.
Cómo estamos hoy
Antes de continuar, es importante hacer un repaso de lo que hasta ahora no se logró con la aplicación de la Ley Federal todavía vigente. El espíritu de la reforma de la década pasada fue incluir a una gran cantidad de chicos que no iban a la escuela, mejorar la calidad de la educación y garantizar la igualdad de oportunidades. Pero no todo eso se cumplió. De hecho, si bien creció la matrícula, se incorporaron a sectores principalmente pobres que históricamente no asistían al colegio y se mejoraron los índices de alfabetización hoy existe un alto porcentaje de chicos que repiten, se retrasan y hasta abandonan los estudios.
Para dar algunos ejemplos, según datos oficiales, cuatro de cada diez adolescentes que se inscriben en el polimodal no terminan de estudiar. A la vez, hay una gran disparidad dentro de las provincias (en Jujuy, por ejemplo, sólo concluye el 46,1 %; en Formosa, el 52,9 % y en Salta, el 54,6 %) y dentro de los sectores sociales (de acuerdo con un estudio encargado por el Banco Interamericano de Desarrollo -BID- la probabilidad de que un niño pobre termine la escuela secundaria es menor al 27 %, contra el 83 % de uno rico).
Según Ricardo Moscato, rector del Colegio del Salvador, si se hace un diagnóstico de los déficit de hoy, existe una exclusión social (muchos están fuera del sistema) y una exclusión educativa (están dentro pero no aprenden). Hay que mejorar la calidad de la educación -asegura- y la formación docente, y es imprescindible tener en cuenta la necesidad de adaptarlas nuevas tecnologías a la educación y los déficit culturales: "Se ha bajado el nivel educativo y hay una especie de banalización de la enseñanza. Cada vez se enseñan menos cosas y se aprende menos", señala Moscato.
¿Qué otros cambios se pusieron en marcha en los '90? Por ejemplo, la extensión de la enseñanza obligatoria de siete a diez años; la renovación de los contenidos básicos curriculares; la instrumentación de un sistema nacional de evaluación de la calidad, y la modificación del viejo sistema de primaria y secundaria por nueve años de educación general básica (EGB 1,2 y 3) y tres de polimodal.
Este último punto es uno de los más controvertidos: a pesar de los esfuerzos que realizaron las 24 jurisdicciones del país, el propio gobierno reconoce que existe una "significativa fragmentación" en la estructura del sistema (conviven en el territorio nacional 55 formas de aplicar los ciclos y niveles que estipuló la Ley Federal).
¿Cómo se traduce esto? Hay jurisdicciones como Neuquén o la Ciudad de Buenos Aires que continúan con la antigua estructura del primario y secundario; otras donde se hizo una implementación masiva de la reforma; algunas en las que el EGB 3 pasó a ser parte del primario o del secundario; otras que sólo pusieron en marcha planes piloto... conformando, así, un mapa confuso y con resultados dispares.
Según Alfredo van Gelderen, vicedecano de la Facultad de Psicología y Educación de la UCA, esta fragmentación que se ve hoy en las provincias es uno de los principales puntos que se debe mejorar. El otro aspecto -agrega- es la formación de los docentes que están en el aula, que son los "promotores del cambio".
Es en este contexto complejo y desigual que, a fines de este mes, está previsto que el Gobierno eleve al Congreso un proyecto de ley, que debería tener en cuenta -se supone- los aportes que recibió de los distintos sectores.
Entre los principales puntos de la llamada Ley de Educación Nacional figurarían; la obligatoriedad del secundario (hasta ahora, sólo es obligatorio hasta 9° año de la EGB), la unificación de estructuras de niveles en todo el país, la enseñanza de una segunda lengua, la universalización de la educación inicial (de O a 4 años de edad), el rediseño de la carrera docente y el desarrollo de una educación específica para los jóvenes y adultos que no hayan podido finalizar su educación formal.
El compromiso de todos
Más allá del debate, la mayoría coincide en que la sola firma de una ley no es suficiente garantía. "Hay que prevenir a los argentinos de la ley perfecta -dice Moscato-. La ley es un andamiaje para transformar la realidad. Si no hay compromiso de todos los sectores, va a ser un mito, como lo fue creer que la Ley Federal de Educación iba a resolver todos los problemas, como que es un mito pensar que es la culpable de todos los problemas", agrega.
Según Moscato, es necesario "crear conciencia, porque no la hay, de que la educación es un bien público y que es una responsabilidad de todos los argentinos".
"Los documentos que se han emitido seguramente cuenten con un aval mayoritarío. Creo que va a haber coincidencia. El problema es si la ley los desarrollará o no debidamente", afirma Van Gelderen. Según este prestigioso educador, "la Ley (Federal) ha sido eficaz en sus planteos pero ha tenido inconvenientes en su aplicación. La ley no pudo resolver el tema de la articulación federal del sistema; la fragmentación actual de la educación nacional es un problema de aplicación y no de la ley", considera.
Para Van Gelderen, en el armado de la nueva norma, es importante que "el Estado no se extralimite (en sus funciones) y que la libertad reine en el sistema para que los agentes no estatales puedan prestar sus servicios de acuerdo con la visión que tienen". Debe garantizar, en cambio, que exista una "educación de calidad para todos, con todos y en libertad". En este sentido, insiste, "la escuela no puede ser la redentora del género humano. La escuela no puede sola. No le hagamos daño al adjudicarle cosas que no le corresponden ni puede asumir", comenta, recordando palabras del cardenal Jorge Bergoglio.
"El desafío más importante va a ser el pacto educativo de todos los sectores para cumplir los objetivos que la ley fije -afirma Moscato-; esto incluye condiciones para que ello ocurra, la decisión política del Estado y la organización social para participar en el seguimiento de estas políticas". Y concluye: "Sin un compromiso del Estado y de la sociedad esto va a ser un nuevo fracaso".
El Debate
¿Qué es lo que la gente espera de la educación? Los primeros resultados de la encuesta para la formulación de una nueva ley nacional arrojan algunas pistas. De las 109 mil respuestas que recibió el MECyT, se procesó una muestra de casi 45 mil. El 81,3 % considera que es necesario sancionar una nueva ley para mejorar la calidad educativa; el 88,3 % opina que sería conveniente que existiera en todas las provincias del país el mismo sistema educativo; casi nueve de cada diez personas afirman que están de acuerdo con que la enseñanza secundaria (o polimodal) sea obligatoria; para el 80,9 % de mediana y alta importancia que aumente la posibilidad de acceso a la educación inicial (de O a 4 años).
El relevamiento también indaga acerca del rol del Estado nacional. A la pregunta de si debería tener un papel más activo cuando en alguna provincia esté en riesgo el derecho a la educación de los niños, adolescentes y jóvenes, el 92,5 % responde que sí. El 95,8 % considera que el Estado debe velar para garantizar las oportunidades de los sectores más desprotegidos y el 91 % cree que deberían existir evaluaciones periódicas para mejorar la calidad de aprendizaje de todos los alumnos.
Una amplia mayoría se manifiesta a favor-otorgándole una importancia alta o mediana- de una actualización de los contenidos cada cinco años (93,7 %), de la incorporación de la informática (94 %) y de la posibilidad de que el Estado aumente la cantidad de escuelas de jornada completa (86,4 %); el 85,7 % opina que la enseñanza de una segunda lengua debería ser obligatoria.
Por otro lado, casi nueve de cada diez entrevistados consideran que sería de mediana o alta importancia que se aumente la cantidad de profesores a tiempo completo y que existan orientadores o tutores de cada curso. La mayoría también apoya la idea de que la nueva ley incluya medidas para lograr la participación en la gestión de las escuelas por parte de los docentes (96,7 %), padres (89,5 %), estudiantes (83,6 %) y de organizaciones de la comunidad (77,4 %).
