El 29 de Noviembre el parlamento británico aprobó, por 330 votos a favor y 275 en contra, un proyecto de ley que permitiría el suicidio asistido a los enfermos en Inglaterra y Gales cuya esperanza de vida sea inferior a 6 meses, si tienen la aprobación de 2 médicos y un tribunal. En Escocia se está debatiendo una ley similar.
Aún puede pasar tiempo antes de su entrada en vigor. La autora del proyecto, la laborista Kim Leadbeater, se ha dado un plazo de 2 años para concluir el trámite parlamentario. Cuenta con el respaldo del primer ministro Keir Starmer, pero no de los ministerios de Salud y Justicia.
Eutanasia y suicidio para ahorrar costos sociales
La experiencia de otros países dice que una ley de esta naturaleza supone un incentivo del suicidio, que no reduce otras modalidades de morir “voluntariamente” y abre el plano inclinado que en pocos años convierte el caso excepcional en la norma.
Así ha sucedido, por ejemplo, en Suiza, donde se aprobó en 2004 para casos similares a la ley británica, para irse ampliando a casos no terminales en 2007, a patologías de la edad en 2014, a sufrimientos insoportables en 2018 y a sufrimientos morales en 2024 (al ser absuelto un médico que mató a un paciente que no soportaba la viudez).
¿Qué mueve entonces a los países a moverse en esa dirección? Cada vez es más claro que el hundimiento de la natalidad y la mayor esperanza de vida están envejeciendo la población a ritmos insospechados, multiplicando las cargas sociales y sanitarias.
Muchos gobiernos optan entonces por facilitar la eliminación de población anciana, y en el caso británico el diario Telegraph sugiere que la forma de hacerlo es una coacción económica insoportable sobre los herederos del suicida.
La trampa fiscal
Según el sistema inglés, las pensiones heredadas no inciden sobre el impuesto sobre la renta si el quien muere tiene menos de 75 años, pero en el caso de que fallezca después de esa edad, se multiplica la carga fiscal. Según el experto en pensiones Andrew Tully, el impuesto podría ascender hasta el 45%, mientras que si muere antes de los 75 no hay retención estatal.
¿Qué haría entonces una persona de 74 años y medio aquejada de una enfermedad terminal? ¿No se sentiría presionada a solicitar la muerte por suicidio asistido, para evitar que su muerte, pocas semanas después del término fatídico, suponga para sus seres queridos una merma económica de esa magnitud?
De ahí que desde compañías de inversión se estén ya pidiendo salvaguardas legales para impedir factores financieros en una decisión de suicidarse o no.
Pero, además del impacto sobre el impuesto sobre la renta, está el impacto sobre el impuesto de sucesiones, que actualmente no se aplica a las pensiones en el Reino Unido. Esto, sin embargo, cambiará a partir de Abril de 2027, según anunció la ministra de Hacienda, Rachel Reeves. Por lo cual, según calculan expertos para el Telegraph, algunos parientes podrían tener que pagar hasta un tipo del 91% por la pensión recibida.
[Fuente: Religión en Libertad]
