En la Ley 27.611 de "Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia", conocida como Ley de los 1.000 Días, Pablo de la Torre, secretario de Niñez y Familia, expuso que se eliminarían los sesgos ideológicos ("personas gestantes") y, de conformidad con la Constitución Nacional, se precisaría el inicio de la niñez en la concepción.

El objetivo de la ley pasaría a ser "fortalecer el cuidado integral de la salud de las madres en situación de vulnerabilidad y de los niños desde el momento de su concepción hasta los tres años".

A fin de cumplirlo se garantizarían políticas públicas para el acompañamiento familiar, la asistencia a la embarazada en riesgo y a su hijo, y el fortalecimiento de la primera infancia.

Estas políticas serían coordinadas con los estados provinciales y municipales para hacer efectiva su implementación en todo el territorio nacional.

La autoridad de aplicación sería la secretaría de Niñez y Familia del ministerio de Capital Humano, que encabeza el Dr. Pablo de la Torre.

La ley N° 27.499 -conocida como "Ley Micaela"- que hoy dispone la capacitación obligatoria en "género" para todas las personas que se desempeñen en la función pública y en los tres poderes del Estado, se reemplazaría por la capacitación obligatoria "en la temática de violencia familiar y contra la mujer, para todas las personas que se desempeñen en la función pública en los organismos competentes en la materia".

La implementación de esta ley también pasaría a la órbita del ministerio de Capital Humano.

El pediatra Pablo de la Torre presentó la Ley de los 1.000 días que "amplía los alcances de la Ley anterior".

Comentó que hace 10 años comenzó en San Miguel a hacer un diagnóstico de la situación materno-infantil en los barrios. Detectaron que, en sala de 4, los chicos de los barrios más vulnerables conocían entre 150 y 180 palabras, mientras que en los otros el vocabulario alcanzaba entre 600 y 800 palabras.

A eso se sumaba que no había suficientes salas para 4 y 5 años, por lo que algunos niños se escolarizaban recién en 1° grado. Como hasta 4º grado no se repite, añadió, a los 10 años se producía el pico de abandono escolar. Muchas veces, remarcó, "esos chicos terminaban siendo el soldadito de un narco".

A partir de aquel momento, explicó De la Torre, estudiaron los primeros 1.000 días de vida de los niños (desde la concepción hasta los 2 años), "periodo fundamental para el desarrollo de la persona".

"En esa etapa se desarrolla el 80% del cerebro del adulto", enfatizó. "Cuando un niño está en el vientre de la mamá tiene la capacidad de reproducir 250.000 neuronas por minuto".

Reconoció que la ley vigente provee la asignación por embarazo, pero, "con eso no alcanza, además hay que acompañar, proteger y cuidar", agregó.

Esta ley, subrayó De la Torre, visibiliza a las embarazadas en condiciones de vulnerabilidad. Si una mamá está consumiendo (drogas) o no tiene vínculos sanos, en el parto llegamos tarde. Hay que hacer una búsqueda activa de la embarazada, "el 70% de los niños que mueren en neonatología son gestados por madres que no hacen controles médicos".

Entrevista al Dr. Pablo de la Torre
(Programa "Cosas Posibles" - Radio Amadeus, 14.Feb.2022)

Las intervenciones de los legisladores:

Entre los diputados que cuestionaron la propuesta del gobierno nacional, como era esperable, están quienes son activos promotores del derecho a matar niños antes de nace (aborto) y quienes apoyan las perversiones de la ideología de género.

Danya Tavela (U.C.R., Buenos Aires): pidió que la ley de los 1.000 días retome los conceptos de las leyes preexistentes. Sostuvo que se cambiaría el destino de la asignación por embarazo que hoy se otorga "hasta el nacimiento o la interrupción". Preguntó por la exclusión de "las personas gestantes" y por el pasaje de "violencia de género" a violencia "intrafamiliar". "No volvamos para atrás con las definiciones, Argentina ya discutió desde cuando se es niño y no es desde la concepción" (sic).

Natalia Sarapura (U.C.R., Jujuy): manifestó su preocupación por la ausencia de una secretaría "de género", criticó la presentación del Dr. De la Torre que "va a hacer un rastrillaje de las embarazadas". "Las mujeres somos sujetos de derechos y exigimos que se nos trate así". "No vamos a apoyar el retroceso de los derechos de las mujeres y de la diversidad", recalcó.

Roxana Reyes (UCR, Santa Cruz): elogió la ley Micaela y destacó el consenso con que se había aprobado. Preguntó por qué se suprime en el art. 505 la "autonomía progresiva" de niños y adolescentes.

Maria Eugenia Vidal (PRO, Ciudad de Buenos Aires): si bien elogió las políticas para la primera infancia que llevó adelante la Municipalidad de San Miguel, reclamó que el Plan ENIA -para erradicar el embarazo no intencional en la adolescencia- sea considerado una prioridad. "La Ley Micaela salió con consenso y se limitan los sujetos de capacitación", afirmó.

Romina Del Plá (Frente de Izquierda y de Trabajadores, Buenos Aires): Aseveró que reemplazar "persona gestante por mujer", es querer "borrar la realidad" y que sustituir violencia "de género" por violencia intrafamiliar es "tapar los crímenes de odio".

Maximiliano Ferraro (Coalición Civica, Ciudad de Buenos Aires) expresó que "no se puede renunciar al consenso transversal que en estos años se ha logrado en materia de género" y pidió "que no se rompan las estructuras" de la Ley de los 1.000 Días y de la Ley Micaela. "Leyes que les costaron mucho no sólo a las mujeres sino también al colectivo LGBT" (del cual es activo militante).

Esteban Paulón (Hacemos Coalición Federal, Santa Fe, ex presidente de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans): designó como "capricho ideológico" la sustitución de "persona gestante" por "mujer embarazada" y la inclusión del "niño por nacer". Mencionó que a partir de la ley de identidad de género "no sólo pueden quedar embarazadas las mujeres" (sic).

Santiago Santurio (La Libertad Avanza, Buenos Aires): recordó que los nenes de 8 años no entienden lo que leen y que hay más de 6 millones de chicos que se acuestan con hambre.

Silvia Lospennato (PRO, Buenos Aires): le propuso al secretario De la Torre una "actitud abierta para alcanzar consensos", porque los cambios de términos pueden ser interpretados como un "sesgo ideológico". Elogió la Ley Micaela, "una herramienta útil".  Habló de la reducción del embarazo de niñas y adolescentes que logró el Plan ENIA al que designó como una "política efectiva" que trascendió gobiernos.

Destaquemos que el Plan ENIA redujo la fecundidad adolescente, que no se calcula en función del número de embarazos -como mencionó Lospennato- sino de los nacidos vivos de madres adolescentes. Los niños que fueron concebidos pero a los que se impidió nacer, no son contabilizados.

Marcela Coli (UCR, La Pampa): comentó que en su provincia se implementó la Ley Micaela y pidió que no se dé marcha atrás.

Carla Carrizo (UCR, Ciudad de Buenos Aires): dijo que la Ley Micaela no es un capricho, que es un proceso político que se inició con las marchas NiUnaMenos. "La posición del radicalismo es sostener esa ley", afirmó.

Victoria Tolosa Paz (UP, Buenos Aires): afirmó que la ley de los 1.000 Días actual es maravillosa y que hoy se intenta borrar el peso de sus palabras. Sostuvo que el nuevo texto es "regresivo" y que lo mismo pasa con la Ley Micaela. Con expresiones similares rechazaron la modificación de ambas leyes Daniel Gollán, Eugenia Alianello (Chubut) y Andrea Freites (Tierra del Fuego), integrantes del mismo bloque.

María Celeste Ponce (La Libertad Avanza, Córdoba): celebró la modificación de la Ley Micaela, afirmó que la violencia no tiene "género" y recordó el asesinato de Lucio Dupuy. 

Myriam Bregman (Frente de Izquierda y de Trabajadores, Ciudad de Buenos Aires): "Niegan el patriarcado" y la "opresión de los hombres hacia las mujeres", exclamó la diputada trotskista. Habló de femicidios y violencia "de género".

En respuesta a los cometarios recibidos De la Torre recordó el objeto de la Ley de los 1.000 días y volvió a afirmar que la propuesta "amplía derechos".

De modo categórico replicó que "la violencia no tiene género" y que se ejerce contra mujeres, ancianos, niños… Sostuvo que "las únicas personas con capacidad de gestar son las mujeres, independientemente de su orientación sexual" y que el propósito no es juzgarlas sino acompañarlas.

"Las madres que están en situación de pobreza se preocupan por la comida de sus hijos no porque las llamen personas gestantes". La "autonomía progresiva" de niños y adolescentes no se elimina, sigue estando en el Código Civil, replicó. Habló del fracaso de la Ley Micaela y destacó que no está previsto derogar ninguna ley de protección contra la violencia.

Antes de despedirse el secretario de Niñez y Familia le pidió a los legisladores que "piensen en los más 6.000.000 de niños pobres se van a dormir con hambre" y enunció las políticas que la ley pretende implementar. "Siempre vamos a trabajar en políticas públicas que cambien la realidad."

Fuente: NOTIVIDA