Este miércoles 6 de Abril el Senado español aprobó una modificación del Código Penal para penalizar con prisión de entre 3 meses a 1 año o trabajos en beneficio de la comunidad a quienes "hostiguen o coarten la libertad de una mujer que pretenda ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo". También merecerán pena las acciones que se definan como de hostigamiento a médicos y directivos de clínicas abortistas.

La votación en Diputados había sido de 204 votos a favor y 144 en contra. En el Senado hubo 154 a favor y 105 en contra.

Se plantean dudas sobre la constitucionalidad de la medida al calificar como delito de acoso rezar o dar información a las mujeres que concurren a clínicas abortistas para que salven a sus hijos.

Jaime Mayor Oreja, portavoz de la Asamblea de Asociaciones por la Vida, la Dignidad y la Libertad, había señalado que "algo está pasando para que se reforme el Código Penal para una actividad tan concreta, limitada, como es rezar y tratar de explicar a unas madres lo que es un aborto". A su juicio, "hay mucha desproporción en esta ley" impulsada por el PSOE, y remarcó que ahora mismo "hay una obsesión enfermiza por implantar una cultura de la muerte".

Marta Velarde, de la asociación provida Más Futuro, por su parte había señalado que "esta ley no nos tiene que frenar", al tiempo que aseguró que han salvado la vida de más de 6.000 bebés desde su fundación. "La sociedad cada vez es más provida, aunque los políticos sean proaborto", aseveró.

Jesús Poveda, médico, profesor de Psiquiatría en la Universidad Autónoma de Madrid, fundador de la Escuela de Rescatadores, que ha sido detenido más de 25 veces por dar información en la puerta a las mujeres y nunca fue condenado por nada, asegura que fueron las clínicas abortistas las que forzaron esta medida parlamentaria para seguir comerciando con la vida de los más indefensos y la salud de las mujeres.

La plataforma One Of Us -una iniciativa ciudadana que reúne a casi todas las organizaciones pro-vida y pro-familia de Europa- aseguró que esta medida acaba "con la libertad de expresión y manifestación".

Se trata de un "grave atentado a la libertad y por tanto a la propia esencia de la democracia, debe tener una respuesta jurídica". "Es el triunfo del negocio del aborto frente a la protección a la mujer y a la vida.  Es el reconocimiento de una tragedia como sujeto de un derecho que debe ser protegido en el código penal", destacaron en un comunicado.

"Hoy son los grupos y personas que defienden la vida y su dignidad, mañana será cualquier manifestación que se antoje lesiva a lobbies poderosos, ideologías o negocios", expresaron desde One Of Us (Uno de nosotros).

La diputada abortista de Unidas Podemos Martina Valverde había señalado que "el rezo no es libertad de expresión si el fin que persigue es señalar y coaccionar".

El aborto es un derecho. Salvar vidas es un delito.

Cualquier mujer mayor de 18 años puede abortar a su hijo por su propia voluntad durante las primeras 14 semanas de vida. Así lo señala la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo —conocida como ley del aborto—, aprobaba en 2010.

Esta ley reemplazó a la de 1985 que permitía abortar en 3 supuestos: riesgo grave para la salud física o mental de la mujer embarazada, violación o malformaciones o taras, físicas o psíquicas, en el feto.


[Fuente: Marcha por la Vida Argentina]