En los primeros 11 meses de este año, el Estado mató a 32.758 ARGENTINOS indefensos, inocentes, débiles, necesitados de protección, sin salida, acorralados, en condiciones de crecer y desarrollarse, de recibir y dar afecto, capaces de estudiar, de trabajar, de aportar soluciones al país.
32.758 ARGENTINOS que fueron deliberadamente asesinados por el sistema de salud público, invocando una ley injusta, aprobada con engaños, con corrupción, en el Congreso Nacional.
Mientras tanto, la ley llamada “de los 1.000 días” dejó sin apoyo al 90% de las mujeres necesitadas de respaldo para su embarazo, según comentó el Dr. Pablo De la Torre, secretario de Salud de la Municipalidad de San Miguel. Es decir, el Estado argentino se asegura de eliminar los niños que sus madres no quieren y no ayuda a las madres que sí quieren llevar adelante su embarazo.
La directora nacional de Salud Sexual y Reproductiva Valeria Isla dio a conocer la cifra de una masacre de seres humanos cuyos cuerpos fueron desechados, tirados a la basura, desde Diciembre de 2020. Pero si esa cantidad estremece, mucho más lo hace considerar que no se incluye a los niños asesinados en el vientre de sus madres en el sector privado, en servicios cubiertos por obras sociales y prepagas y aquellos que fueron sacrificados sin pasar por una institución de salud.
En el primer semestre de 2021, hubo 5.600 argentinos ultimados por sicarios a los que se conoce como “Socorristas”. El 60% de las mujeres que recurrieron esa mafia tenían entre 18 y 28 años, y el 4% eran adolescentes.
Carlota Ramírez, directora de Salud Sexual y Reproductiva de la provincia de Buenos Aires, rebeló que su dependencia y la Secretaría de Comercio y Defensa del Consumidor llevan a cabo controles para ejercer presiones a las instituciones de salud cuando no le dan cabida a pedidos de aborto.
El 90% de los procedimientos para matar niños en gestación se hacen con la droga genocida aprobada por el gobierno de Mauricio Macri (Misoprostol). En 2021, el ministerio de Salud distribuyó 46.283 dosis cuando en 2020 (SIN QUE HUBIERA NINGUNA LEY QUE LO PERMITIERA) habían entregado 18.560. Esto significa que los abortos se hacen mayoritariamente en los centros de atención primaria.
La funcionaria provincial señaló que en 125 de los 135 municipios hay efectores donde pedir que maten a un niño en gestación.
“Los cinco municipios que por el momento no garantizan la atención son San Miguel, Lezama, Tornquist, Capitán Sarmiento y Coronel Rosales”, dijo Ramírez.
La directora nacional de Salud Sexual y Reproductiva Valeria Isla planteó para 2022 la incorporación en los crueles actos antivida de la droga mifepristona “recomendada por la OMS para realizar el procedimiento de IVE/ILE combinada con el misoprostol”. “Estamos recibiendo una donación y se está preparando una compra a través del Fondo de Población de Naciones Unidas”, agregó.
