A pesar de ello, el gobierno provincial en abierta transgresión a la institucionalidad del país, salió a comunicar que seguirá ofreciendo la aberrante práctica a demanda de las madres que lo soliciten. FALSAMENTE, el ministerio encabezado por Daniel Gollán, expresa que "lo dispuesto en la medida cautelar dictada por el Juez Federal Alfredo Eugenio López, titular del Juzgado Federal N° 4 de Mar del Plata, no resulta aplicable al ámbito de la provincia de Buenos Aires".

La obsesión del ministro de Salud bonaerense -responsable de los primeros protocolos para eliminar niños por nacer en 2012- parece ser superior al respeto a la Constitución, al Código Civil y la Justicia Federal.

El Juez López destacó en la entrevista que concedió al programa "El arte de lo posible" (Radio Amadeus, de Buenos Aires) que la medida la dispuso en base a dos recaudos jurídicos, el "peligro en la demora" (porque la ley permite el concreto asesinato de niños argentinos) y la "verosimilitud en el derecho" (consignado en el inciso 23 del artículo 75 de la Constitución que protege la vida desde la concepción y el inciso 22 que remite a los tratados internacionales sobre los derechos del niño y el Pacto de San José de Costa Rica, además del artículo 19 del Código Civil -sancionado después del fallo "F., A. L."- que reconoce como persona a los seres humanos desde la concepción).

"Una injerencia antidemocrática"

La agrupación partidaria de la eliminación sistemática de menores conocida como "Católicas por el Derecho a Decidir" repudió la resolución del juez federal porque "avasalla derechos conquistados con amplio consenso"

Al respecto buscó confundir a la población argumentando que la medida de suspensión de los homicidios de niños era una "injerencia antidemocrática" del Poder Judicial.

Como es de esperar, la intolerante agrupación falsamente católica definió como "seguras y dignas" las condiciones para abortar en centros de salud, aunque nada dijo sobre la joven mendocina que falleció en Abril pasado por una septicemia luego de que se le suministrara Misoprostol, la droga que mata niños y arriesga severamente a su madre.

Por su parte, la ministra Elizabeth Gómez Alcorta (48) expresó engañosamente que "el efecto suspensivo actúa sólo en hospitales nacionales", ignorando que la medida de suspensión emitida por un juez federal TIENE APLICACIÓN EN CADA RINCÓN DEL PAÍS, sin distinción de dónde se pretenda terminar con la vida de un niño. A pesar de ser abogada, Gómez Alcorta se equivoca al asegurar que la resolución del Dr. López no suspendería la realización de abortos en instituciones privadas y en hospitales y centros de salud dependientes de los gobiernos provinciales y municipales.

La licenciada en Ciencias de la Comunicación Lorena Maciel, dedicada entre otros a temas judiciales en la señal televisiva TN, en absoluto desconocimiento del marco normativo argentino, cuestionó al magistrado federal por darle curso a un pedido de amparo ante la vulneración de derechos de los niños por nacer, consagrados en la Ley Fundamental, la Constitución Nacional y el Código Civil.

Para la periodista militante del aborto a demanda, el hecho de que la ley se haya aprobado en el Congreso sería suficiente para no ser cuestionada, aunque es sabido que no fueron pocos los errores institucionales, las presiones, mentiras y traiciones que facilitaron tal sanción.



[La imagen corresponde a un niño de sólo 12 semanas de gestación]