Las constantes presiones internacionales para imponer el control de la natalidad en la Argentina
Se publicó en el Boletín Oficial la resolución 1841/2020 con la que el Gobierno nacional aprobó la "Hoja de Ruta" para la atención de adolescentes embarazadas. La nueva Guía -elaborada por el ministerio de Salud y UNICEF- desnaturalizó la definición de "embarazo forzado", destacó que esta situación es causal de aborto y que "la falta de respuesta institucional a los embarazos forzados" es "violencia institucional". La subversión del lenguaje nos ha llevado del "embarazo no planificado", al "embarazo no deseado" y de allí al "embarazo forzado".
El "embarazo forzado" fue una frase acuñada en el Estatuto de Roma para describir la violencia sexual utilizada como arma de guerra, ya sea por venganza o para hacer "limpieza étnica".
No obstante, el Gobierno argentino hizo propia la distorsionada e ideologizada definición de "embarazo forzado" de CLADEM (Comité de América Latina y El Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer): "puede ser producto de un abuso sexual pero también de una relación sexual libre consentida, entre pares, sin desequilibrio de poder y sin violencia". "Se produce cuando una niña queda embarazada sin haberlo buscado o deseado, o cuando se le niega, dificulta, demora u obstaculiza la interrupción del embarazo. El embarazo forzado puede ser producto de una violación sexual o relación sexual consensuada por la niña no conociendo las consecuencias o, cuando conociéndolas, no pudo prevenirlas".
La Convención de Belem do Pará
La expresión "embarazo forzado" también es utilizada -DEL MISMO E INCORRECTO MODO- por el Comité de Seguimiento de la Convención de Belem do Pará. No podía esperarse otra cosa porque ese Comité de "expertas", desde su creación, está muy vinculado a CLADEM. La semana pasada la Comisión de Asuntos Constitucionales despachó por unanimidad los proyectos de ley que le otorgarían rango constitucional a la "Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer" (Belem do Pará).
Firmaron el dictamen de Asuntos constitucionales los diputados: Pablo González, Gustavo Menna, Vanesa Massetani, Marcelo Koenig, Pablo Tonelli, Karim Alume Sbodio, Miguel Nanni, Karina Banfi, Rosana Bertone, Graciela Camaño, Ana Carla Carrizo, Gabriela Cerruti, Marcos Cleri, Mayda Cresto, Ricardo Daives, Jorge Enriquez, Ezequiel Fernández Langan, Ana Carolina Gaillard, Ximena García, Silvana Ginocchio, Ramiro Gutiérrez, Ma.de las Mercedes Joury, Juan Manuel López, Silvia Lospennato, Leopoldo Moreau, Mario Negri, Graciela Ocaña, Paula Oliveto, Humberto Orrego, Hernán Pérez Araujo, Martin Soria, Luis Tailhade y Eduardo Valdés.
El informe del Fondo de Población de Naciones Unidas
El estudio del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) publicado días atrás lleva por título: "Consecuencias socioeconómicas del embarazo en la adolescencia en seis países de América Latina y el Caribe" y analiza la situación de Argentina, Colombia, Ecuador, Guatemala, México y Paraguay.
Según ese organismo, por embarazo de una adolescente, los países destinan recursos para cubrir gastos asistenciales y el Estado PIERDE INGRESOS, "ya que el embarazo en la adolescencia compromete la participación de estas mujeres en el mercado laboral y su aporte al sistema tributario".
El documento afirma que "hay una reducción en la recaudación tributaria del Estado con las madres adolescentes". Considerando el IVA y el Impuesto a las Ganancias, se estima que en el 2018 la Argentina recaudó 66.438.967 dólares menos.
Gastos en la atención de embarazos
Esa dependencia de la ONU, dice en su informe que el Estado argentino incurre en GASTOS CUANTIOSOS para atender el embarazo, parto, puerperio y los recién nacidos de las madres adolescentes, estimándose que se destinaron en 2018 más de 200.000.000 de dólares para la atención sanitaria del embarazo adolescente y alrededor del 70% "SERÍA UN GASTO EVITABLE".
"De ese total, 70.043.302 dólares se destinaron a la atención y cuidado de los partos y cesáreas de las adolescentes, estimados en 83.788 casos anuales (67.030 partos vaginales y 16.758 cesáreas). Estas atenciones incluyen los cuidados de rutina durante el período prenatal, el parto y el puerperio, y también de los recién nacidos".
"Por otra parte, se estima que el Estado gastó 12.700.000 millones de dólares para la atención ambulatoria de los problemas de salud que se presentan en los embarazos de las adolescentes, como la anemia aguda, la hipertensión y la diabetes gestacional, entre otros. Adicionalmente, se destinaron otros 18.000.000 de dólares para atender las complicaciones obstétricas que enfrentan las adolescentes embarazadas y que requieren internación, como los abortos y las amenazas de parto prematuro, entre otras".
"Por último, el sistema de salud público gastó cerca 40.000.000 de dólares para la atención de los recién nacidos de madres adolescentes que nacen con bajo peso y con otras complicaciones neonatales como malformaciones, recién nacidos deprimidos graves, casos de aspiración de meconio o infección neonatal precoz, entre otros".
Conclusiones del UNPFA
Centrándose en las cuestiones puramente económicas, el organismo de las Naciones Unidas dice que si el Estado continua implementando -como lo hace desde 2017- el Plan de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia iniciado por Mauricio Macri, lograría AHORRAR UNA MAGNITUD IMPORTANTE DE RECURSOS FISCALES".
La implementación del Plan ENIA (que incluye la cuestionable "Educación Sexual Integral", las "consejerías", la promoción de la anticoncepción y el aborto) fue uno de los condicionamientos crediticios de los organismos financieros internacionales.
