Para los gobiernos nacional y provincial de Buenos Aires se debe dar prioridad, no demorar y no judicializar los casos de mujeres que, por el motivo que sea, busquen cancelar la vida de su hijo, sea mediante abortos químicos o quirúrgicos.

Durante este periodo de confinamiento obligatorio impuesto por el gobierno nacional y argumentando interés en que no se extiendan los contagios de Covid-19 los familiares no pueden visitar a los enfermos internados, los sacerdotes o pastores no pueden dar asistencia espiritual a los enfermos y, al fallecer, no se permiten velatorios ni entierros con varias personas.

Pero si alguien dice que está embarazada y que no quiere que nazca su hijo…, puede ir a un hospital o centro de atención primaria a recibir atención para lograr su cometido, ya que el Estado le facilita la concreción de ese delito.

Lo más reciente es que, otro médico –pediatra y neonatólogo para más datos-, el tucumano Pablo Yedlin, presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, dijo que el proyecto homicida de Fernández "podría ser tratado sin inconvenientes mediante sesiones virtuales, aunque reconoció que “va a ser un tema muchísimo más complejo” que los tratados en la jornada del miércoles 13 de Mayo. 

Al ser consultado sobre si se podía avanzar en el debate sobre la legalidad del aborto mediante sesiones virtuales, respondió: "Sí, ¿por qué no?".

La hipocresía del gobierno nacional argentino supera toda medida. Simulando estar interesado en la vida de las personas obligan a permanecer en sus hogares a casi todos, de la edad y de la condición que sea, no sólo a los edades avanzadas o con enfermedades previas.

Esta obligatoriedad está provocando, como es comprobable, serias dificultades económicas en muchos: Quienes emplean personal no pueden pagar los sueldos y afrontar los compromisos con proveedores, y quienes viven al día con sus ingresos ven un horizonte negro con una economía general peor de lo que ya estaba hace 3 meses.

Como si no hubiera temas realmente importantes, incluso en lo referido a salud pública, avanzar sobre un proyecto de ley que permite matar niños a pedido, violando la Constitución Nacional y todo el marco jurídico argentino que se le subordina, sólo puede ser un acto desquiciado de un enfermo mental o una acción deliberada de una mala persona.

El aborto no es otra cosa que cancelar la vida de un ser humano que en nuestro país es "persona" desde el instante mismo de su concepción. Ese ser humano es "niño" para la Constitución Nacional y, para las personas de fe, una creación de Dios. En cualquiera de las miradas que uno quiera echar sobre su realidad, el ser humano que, deseado o no, crece en el interior de una mujer no puede ser eliminado y destruido, como desea el presidente Fernández.

Quienes nos reconocemos personas siempre respetuosas de la vida humana no vamos a quedarnos quietos frente a otra propuesta de calificar de "derecho" el homicidio prenatal.

El polifacético movimiento celeste saldrá a la calle y cumplirá con su misión de defender la vida de niños, mujeres y ancianos.


Alberto Mora