Los países firmantes no dejan de destacar los "esfuerzos" que realizan en el mismo sentido la Organización de las Naciones Unidas (O.N.U.), incluidos el Fondo de Población de las Naciones Unidas (U.N.F.P.A.) y O.N.U. Mujeres, la Organización Mundial de la Salud (O.M.S.), el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (F.M.I.) "hacia una respuesta coherente y global al COVID-19".
Como es sabido la invocación de la "protección de la salud y los derechos sexuales y reproductivos" refiere indiscutiblemente al brutal negocio de la anticoncepción y el aborto.

Además de la firma del proaborto ingeniero Felipe Solá, ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Argentina, aparecen los firmantes de Uruguay (aunque hace pocos días Lacalle Pou, su presidente, dijo que su gobierno defendía la vida por nacer...), Bolivia, Canadá, Costa Rica, Ecuador, México, Perú, Uruguay, Albania, Armenia, Australia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Eslovenia, España, Alemania, Irlanda, Grecia, Italia, Japón, Nueva Zelanda, Noruega, Portugal, Reino Unido, Finlandia, Francia, Suecia, Suiza, Islandia, Ucrania, Bosnia-Herzegovina, Estonia, Países Bajos, Corea, Sudáfrica, Rumania, Cabo Verde Fiji, Georgia, Guinea, Letonia, Liberia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Madagascar, Moldavia, Montenegro, Namibia, Macedonia del Norte, Serbia, Túnez y Tuvalu.

"Nos comprometemos a proporcionar a todas las mujeres y niñas en edad reproductiva productos de salud reproductiva. Y pedimos a los gobiernos de todo el mundo que garanticen el acceso total y sin trabas a todos los servicios de salud sexual y reproductiva para todas las mujeres y niñas", dice la perversa declaración de gobiernos que aprovechan el COVID-19 para insistir en despreciar la vida de seres humanos indefensos y emprender acciones ideológicas contrarias a la naturaleza.

"La financiación de la salud y los derechos sexuales y reproductivos debe seguir siendo UNA PRIORIDAD para evitar un aumento de la mortalidad materna y neonatal, una mayor NECESIDAD INSATISFECHA DE ANTICONCEPCIÓN y un mayor número de abortos INSEGUROS e infecciones de transmisión sexual", prosigue.

Encolumnados en los negocios ya establecidos, los firmanntes ponen énfasis también en que "las necesidades de salud sexual y reproductiva, incluidos los servicios de apoyo psicosocial y la protección contra la violencia de género, deben priorizarse para garantizar la continuidad".

Recientemente el Centro para la Familia y los Derechos Humanos (C-Fam) publicó un artículo en el que denunció 2 proyectos de resolución de Naciones Unidas sobre COVID-19 y mujeres.

"Ambas resoluciones se basan en un informe de política del Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, publicado justo antes de Pascua sobre ‘El impacto de COVID-19 en las mujeres’. El informe busca designar una lista de políticas prioritarias para proteger a las mujeres de la pandemia, entre ellas ‘servicios de salud sexual y reproductiva’", denunció.

Este grupo provida subrayó que "el término ‘salud sexual y reproductiva’ se usa ampliamente para agrupar el aborto junto con políticas de salud de planificación materna y salud materna más ampliamente aceptadas"; e informó que el gobierno de los EE.UU. "ha encabezado los esfuerzos para eliminar el término en la política de la O.N.U. y utilizar una terminología menos ambigua".

C-Fam señala que desde antes de que el COVID-19 fuera declarado una pandemia, "las agencias de la ONU promovieron el aborto como un servicio ESENCIAL que no debía ser interrumpido en las respuestas de salud".

"Se prestó aún más atención y recursos a la ‘salud sexual y reproductiva’ en el llamado del Secretario General de la ONU al sistema de la ONU para la pandemia, que también hizo que el aborto formara parte de la respuesta de la ONU al incorporar un manual que lo califica como UN DERECHO HUMANO", añade.

C-Fam resaltó que el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), un panel de derechos humanos de la ONU, "también emitió su propia orientación sobre COVID-19, que exige a los países proporcionar "acceso confidencial a información sobre salud sexual y reproductiva como formas modernas de anticoncepción, servicios de aborto seguro y servicios post-aborto" durante la pandemia.


[Fuente: ACI Prensa]