Cualquiera sea el motivo y el medio, la eutanasia es siempre moralmente inaceptable.
A pesar de que la legislación en la Argentina protege la vida desde la concepción y hasta la muerte natural, se legisló en 2012 la eutanasia "pasiva" (Ley Nº 26.742), es decir la eutanasia indirecta o por omisión, que es aquella en la que se le suspenden al enfermo los medios ordinarios de subsistencia, como son la hidratación y la alimentación. En la práctica es matar por hambre y deshidratación a una persona.
Ahora, en el proyecto de Código Penal preparado por el gobierno nacional que encabeza el ingeniero Mauricio Macri se avanza sobre la eutanasia activa, que es la que supone una acción intencional y directa para quitarle la vida a un enfermo, una inyección letal, por ejemplo.
El artículo 81 del proyecto de Código introduce una PENA ATENUADA de 3 a 6 años para el que mate a una enfermo incurable o terminal a pedido de éste y por "sentimientos de piedad".
Esta eutanasia a petición presupone la "autonomía moral del hombre" que aneja el "derecho" de cada uno a decidir sobre su vida y su muerte. Pero el hombre no es autónomo, es libre por naturaleza y la libertad le fue dada por el Autor de esa naturaleza, para que, eligiendo el bien, se perfeccione. El mismo concepto de libertad señala los límites de las elecciones humanas. La noción de autonomía, por el contrario, desliga a la creatura del Creador, rechaza la moral natural, y convierte al hombre en principio y fin, autor y juez, de sus normas de conducta.
Por otra parte el "sentimiento de piedad" aludido en el artículo de marras es muy difícil de comprobar y fue invocado incluso por los dos enfermeros uruguayos que mataron a alrededor de 200 pacientes inyectándole morfina y aire (La Nación, 19/03/2012). Los enfermeros asesinaron pacientes durante 7 años sin ser investigados y el caso saltó a la luz cuando mataron a una enferma que ya estaba bien y disponía del alta, porque la muerte los enfermos terminales usualmente NO SE INVESTIGA.
La misma escueta pena -3 a 6 años- le cabría a alguien que ASESINE A UN ENFERMO con el que tiene un vínculo de parentesco, conyugal o de convivencia, por ejemplo, a un adolescente que -en las circunstancias descriptas- decide acabar con la vida de otro con el que convive sin haber establecido un vínculo legal.
Escribió el reconocido psiquiatra estadounidense Herbert Hendin tras visitar Holanda: “El país se ha movido desde la eutanasia para los enfermos terminales a la eutanasia para los enfermos crónicos; desde la eutanasia para enfermedades físicas a la eutanasia para las enfermedades psicológicas, y desde la eutanasia voluntaria a la eutanasia no voluntaria y a la involuntaria… Cualquier país occidental que legalice el suicidio médicamente asistido para los enfermos terminales se verá obligado a extenderlo de este mismo modo”. (Bioeticaweb.com).
El declive moral que propone el Código Penal elaborado por el gobierno no puede ser tomado a la ligera. La valoración sobre lo que es bueno y lo que es malo, lo que es aceptable y lo que no lo es, se inserta, se potencia y se proyecta en una sociedad que, tarde o temprano, recibe sus beneficios o paga sus consecuencias.
Si el Estado sigue impulsando normas que le quitan valor a la vida humana -sea con el aborto, la eutanasia, la fertilización asistida, la subrogación de vientres, etc.- la decadencia social es inevitable.
EL CASO DE HOLANDA
Casi la cuarta parte de las muertes en Holanda durante 2017 (casi 150.000) fueron provocadas.
Esta aberrante situación es una práctica que provoca grandes beneficios económicos, ya que las compañías de seguros pagan a la clínica 3.000 euros por cada inyección mortal que aplica alguno de sus médicos. Esta suculenta cifra se abona incluso cuando la persona desiste a último momento de ser ejecutada. La eutanasia es un servicio sanitario básico cubierto por la prima mensual que cada holandés paga a su compañía. Es con esta práctica que la clínica Levenseindekliniek facturó en 2017 más de 2.000.000 de euros.
En el país de los molinos que tiene a la argentina Máxima Zorreguieta como reina consorte el homicidio legal "por piedad" también le llega a los niños. El Protocolo de Groningen-aprobado en 2005 por la Asociación Holandesa de Pediatría-, indica los pasos a seguir para liquidar a un niño al que se considere con una calidad de vida "insuficiente".
En los Países Bajos, los niños de entre 12 y 16 años, pueden ser legalmente asesinados con el consentimiento de los padres. Entre los 16 y los 18 no se requiere consentimiento paterno. Según el profesor en pediatría Eduard Verhagen, entre 15 y 20 niños mueren con eutanasia cada año en los Países Bajos, aunque esos casos no estén oficialmente declarados.
