A raíz de una reunión de trabajo sostenida entre las autoridades de la Fundación Mas Vida, entre ellos Raúl Magnasco y Ayelén Alancay y el subsecretario de Prevención de la Salud, Dr. Daniel Espinosa, y la directora de Salud Sexual y Reproducción, la ginecóloga Silvia Oizerovich, se emitió una comunicación oficial por parte de la Secretaría de Salud de la Nación en la que se informa que el protocolo de aborto sólo reviste el carácter de “guía técnica” y, por tanto, no es obligatoria su aplicación en el territorio de la Nación.
Esta comunicación resulta de gran interés para el personal de la salud, y en especial para las autoridades sanitarias de las provincias, toda vez que esclarece algunos conceptos que hasta el momento resultaban confusos respecto a la vigencia de tal protocolo, y si debían ser aplicados obligatoriamente, o solamente reviste el carácter de sugerencia.
Asimismo, de la misma reunión se estableció el marco para deconstruir el lenguaje utilizado hasta el momento referido a dicho protocolo por parte de las autoridades sanitarias, que referían a "I.L.E." en lugar de “no punibles” a los abortos enmarcados en estos protocolos, y que generaban confusiones en los efectores de la salud, por inducir que podría tratarse de casos de aborto "legal", algo contrario a la normativa argentina, donde el aborto siempre es un delito penal.
