Sabían que quien tenía más riesgo era la bebé. Una cesárea no era un riesgo tan grande para la madre (aunque todas las intervenciones quirúrgicas tienen lo suyo), como lo era para alguien con 25 semanas de gestación.
El gobernador Gerardo Morales logró lo que se proponía: hacer todo lo posible para liquidar a un ser humano, amparado en un protocolo inconstitucional e inmoral.
Primero buscó que fuera asesinada mediante un aborto apenas transcendió el caso, pero el avanzado embarazo lo impedía. Entonces ordenó un parto prematuro, totalmente desaconsejado por cualquier médico obtetra o neonatólogo serio dada la inmadurez del niño.
Al gobernador Morales no le importó, como tampoco le importó a las fanáticas abortistas a las que buscó satisfacer, que las posibilidades de vida y de desarrollo sano fueran pocas. Pero la desfachatez del contador Morales le permitió declarar que ellas, las abortistas, presionaban para que liquidara a la bebé ya nacida cuando era él quien buscaba la muerte de la niña horas antes.
El radical Morales tuvo la oportunidad de hablar del caso para el Grupo Clarín con un empecinamiento digno de un fanático antes del nacimiento. Y habiéndose realizado la cesárea volvió a aparecer junto a uno de los principales promotores del aborto en el país, el Dr. Rubinstein, secretario de Salud de la Nación, escoltado por la activista periodística DéboraPlager, en la tediosa mesa de MirthaLegrand para argumentar, defender y justificar ese delito.
Es imaginable que si el embarazo hubiera sido de pocas semanas, el gobierno jujeño hubiera logrado el mismo fin con menos trascendencia mediática.
Duele pensar en esta muerte porque aunque no vimos a Esperanza, sabíamos de ella, la imaginamos saliendo adelante a pesar de todo, la soñamos como una jujeña ejemplar, luchando por tener una vida plena y demostrando que nunca hay que bajar los brazos, que Dios hace milagros a veces, donde muchos no lo esperan.
El gobernador Gerardo Morales, su ministro de Salud, el radiólogo Gustavo Bouhid (que con descaro dice que está a favor de la vida, pero aclara que había un "vacíolegal" en el caso), la directora asociada del Hospital Materno Infantil, Dra. AliceVargas, y todos aquellos que intervinieron en la decisión de anticipar el parto de Esperanza, son responsables de la muerte de la niña.
Valga recordar que la Dra. Vargas, en su escueto comunicado luego del parto, expresó que se había realizado "la interrupción legal del embarazo a la menor de 12 años, cumpliendo con todos los derechos que la asisten", demostrando su desconocimiento (o complicidad) con las medidas gubernamentales que, falsamente, declaran la existencia de un derecho a matar niños antes de nacer.
Vivimos en un país cuya mayoría defiende la vida y la familia, pero que está plagado de gobernantes émulos de la locura nazi que quieren decidir livianamente quien vive y quien muere, por aspirantes a emperadores romanos que no quieren que nadie les cuestionen sus caprichos y bajezas, por mentirosos capaces de mostrarse como señores educados mientras promueven atrocidades infernales.
Al igual que otros tristes episodios del último tiempo, la pobre Esperanza refuerza el compromiso del movimiento provida en seguir luchando para erradicar protocolos homicidas, programas inmorales y, sobre todo, para desechar para siempre a los políticos que no defiendan la vida desde la concepción y la familia en su diseño original.
