A pesar de la derrota legislativa que impidió la legalización del aborto, la ANMAT -dependiente del Ministerio de Salud y Desarrollo Social a cargo de Carolina Stanley-, autorizó la venta en farmacias de una droga que sirve para la eliminación de los seres humanos dentro del vientre materno.
Esta droga se distribuye en hospitales, pero desde fin de año los ginecólogos podrán recetarla a sus pacientes cuando "consideren" que la mujer está bajo alguna de las difusas causales que buscan justificar la cancelación de un embarazo.
La eliminación de la vida intrauterina (de acuerdo a la caprichosa interpretación de la Suprema Corte que inspiró inconstitucionales protocolos) procede cuando el embarazo representa un peligro para un impreciso concepto de "salud" de la madre o si el embarazo se le adjudica a una violación.
Si bien un médico debe extender una receta (que quedará archivada) indicando las razones por las cuales receta la droga homicida, es difícil imaginar que alguien salga a investigar si la interpretación del facultativo fue correcta para indicarla. Si le pareció creíble cómo la mujer expuso su situación personal, ubicando el embarazo como la razón para la pérdida de trabajo, por ejemplo, nadie lo cuestionará, el niño será eliminado, la mujer seguirá con su vida (tal vez pagando las consecuencias emocionales o psicológicas de lo sucedido), el médico continuará ejerciendo su profesión y el Estado habrá facilitado todo el episodio.
"Desde distintos grupos de la política, algunas asociaciones médicas y otros colectivos de mujeres se le estaba pidiendo a la ANMAT que autorizara esta medicación a fin de que las mujeres no tuvieran que acudir a un mercado negro", agregó el ginecólogo proaborto Mario Sebastiani, del Hospital Italiano, quien se amparó "nada menos" que en las Naciones Unidas y en la Organización Mundial de la Salud para ponderar la "seguridad" de la droga en su nueva presentación comercial. "Es una suerte de legalización y un guiño cómplice desde la política a partir del convencimiento de la Secretaría de Salud, las sociedades médicas y de buena parte del partido gobernante y de la sociedad", agregó en declaraciones al diario Clarín.
La presentación original del Laboratorio Domínguez ante la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología contemplaba el uso hospitalario del medicamento, pero luego de obtener el aval de la agencia para la indicación ginecológica, el laboratorio solicitó un cambio en la condición de expendio. Esto es lo que la ANMAT aprobó ahora mediante la disposición 946-12/10/ 2018.
Durante el proceso de evaluación, el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) junto a "Lesbianas y Feministas por la descriminalización del aborto" y "Nuevo Encuentro de la Ciudad de Buenos Aires", se presentaron para solicitar que la agencia "reconozca los usos obstétricos del misoprostol". También pidieron que "cesen las restricciones a la comercialización" es decir, que se pueda comprar SIN RECETA en farmacias, aunque esa solicitud, aún, no fue aceptada.
