El 66% de la Cámara de Diputados dio su apoyo a la despenalización del aborto en Chile en el segundo año de gobierno de Michelle Bachelet, militante abortista que volvió a la presidencia agitando las banderas que sostuviera históricamente y en sus funciones en las Naciones Unidas.
A esta instancia se llega con las presiones de Planned Parenthood, la organización abortista estadounidense de íntima relación con el gobierno de Barack Obama, que aportó más de 1.000.000 de dólares para financiar el lobby antivida chileno.
Las tres razones por las cuales el asesinato intrauterino no sería penalizados serían peligro de vida de la madre, malformación fetal y violación.
El diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Gustavo Hasbún, indicó que el proyecto le parecía “tan permisivo, tan general, que abiertamente es la antesala a la legalización de la eugenesia”. “Y legalizar la eugenesia significa que se acabó la Teletón, se acabaron los niños con discapacidad”, señaló en referencia a la iniciativa que todos los años se realiza en Chile para juntar dinero en favor de los menores con alguna discapacidad física.
El diputado René Manuel García, de Renovación Nacional (RN), llegó a realizar comparaciones con las violaciones a los derechos humanos en dictadura: “Podríamos decir que el Gobierno Militar o dictadura, como quieran llamarlo, mataba a las personas grandes. Ustedes las matan antes de nacer. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos crímenes?”.
Enrique Van Rysselberghe, de la UDI, hizo referencias a la historia mundial: “Hay quienes dicen, al igual que los nazis y comunistas, que la vida humana se puede limitar”.
El proyecto -que aún debe contar con la aprobación del Senado- establece que existirá un plazo máximo de 12 semanas de gestación en estas situaciones, aunque se extiende a 14 semanas si se trata de mujeres menores de 14 años.
Sobre la confidencialidad, el proyecto de despenalización establece que los servicios de salud deben poner en conocimiento del Ministerio Público si una mujer invoca la causal de violación, aunque no se les puede obligar a declarar ante la Fiscalía o los tribunales.
En el caso de las menores de edad, como hasta ahora, se mantiene la obligación de los médicos de denunciar el hecho ante la Justicia.
