Buscan imponer un programa municipal autárquico dedicado a la violencia de género
Utilizando desde el inicio el curioso neologismo surgido a instancias de un acendrada matriz ideológica que define como "femicidio" los casos de homicidio donde la víctima es mujer, las concejales Ester Fandiño (Unión PRO) y Marcela Durrieu (Frente Renovador) anticiparon en un acto llevado a cabo este martes 11 de Marzo el proyecto que buscaran imponer en el Concejo Deliberante de San Isidro.
El encuentro, realizado en un salón frente a la Catedral de San Isidro, comenzó con la proyección de spots publicitarios referidos a la violencia hacia la mujer con el fin de sensibilizar a los presentes, en su mayoría partidarios y afines a la temática, los concejales Gonzalo Beccar Varela y Manuel Abella Nazar, el senador Sebastián Galmarini y la secretaria de Política Sanitaria y Desarrollo Humano de Tigre, Malena Galmarini de Massa, hijos de la concejal Durrieu, la Dra. Andrea Pagliani, presidente del Colegio de Magistrados de San Isidro, Cristina Ibarra (FR, Morón), Estela Garrido y Marta Muñoz (SADE Zona Norte), Graciela Santos (Fundación 9 Mujeres, Monte Grande), y Alicia Beatriz Curcio (Fundación "Volver a Empezar", San Fernando), entre otros.
"Queremos crear un programa municipal que tenga una autarquía institucional –dijo Ester Fandiño entre otros conceptos-, que no esté dependiendo de la firma de un superior o secretario de gobierno para que sea posible, que esté financiado, que tenga una partida presupuestaria concreta. San Isidro no tiene gestión en el tema mujer".
Antes de detenerse en los puntos del proyecto, Durrieu señaló, al comenzar: "Creo que la palabra intendente es una rémora del pasado. Es como el intendente del edificio, el que se ocupa de los espacios comunes, del alumbrado, barrido y limpieza. Pero, sobre todo en los últimos 30 o 40 años el municipio ha adquirido un volumen poblacional y una complejidad con 1.700 millones de presupuesto. Ya no son pueblitos que se pueden manejar de entrecasa. Tienen problemas nuevos y problemas viejos. Yo me acuerdo que hace 40 años llegaba en 15 minutos (N. del R.: Imposible) en el tren a Retiro. Ahora trabajar en otro lado nos lleva la mitad de la vida y la mitad de nuestro salario... Digo esto porque necesitamos intendentes con otra cabeza, intendentes que piensen que el municipio no tiene que crecer con el aumento de las tasas sino con el incremento de su actividad económica, que tiene que ocuparse de producir empleo local".
En el texto del proyecto presentado aparecen puntos que merecen analizarse con especial cuidado:
1. Se mencionan estadísticas sobre la base de aquella definición de "femicidio" y "femicidio vinculado" (cuando se asesina a hijos de la mujer aduciendo que tal hecho fue para dañarla a ella…). Como es sabido enarbolar estadísticas es un recurso efectista, toda vez que tales guarismos no tienen oficialidad o seriedad. Argumentar que tales datos puedan estar "subregistrados" sólo aumenta la falta de seriedad.
2. El femicidio, como trascendió cuando fue aprobada su incorporación al Código Penal en Octubre de 2012, viola el principio de igualdad ante la ley ya que establece mayor pena para quien asesina a una mujer, por encima de un hombre, un niño o un adulto mayor.
3. El proyecto menciona que el 70% de los homicidios de mujeres se cometen en el hogar de la víctima. Que el 37% de los agresores fueron esposos, concubinos, novios o amantes.
4. Mientras en un punto se menciona que los "hijos e hijas" que quedaron huérfanos son 703, en el párrafo siguiente se dice que son 1.520. ¿Cuál será la cifra verdadera?.
5. Luego se cita que en 2011 hubo un "femicidio" cada 30 horas, lo que en un año daría un total de víctimas de 292, cifra que es diferente a la mencionada en una tabla anterior a ese párrafo.
6. En los considerandos, el proyecto presentado por Fandiño y Durrieu cita que las instituciones naturales (la justicia y la policía) que deben dar asistencia en los casos de violencia hacia la mujer son ineficaces, no están formadas para la temática, exponen a las víctimas de agresión a mayores riesgos, que no cuentan con refugios para darles amparo y que el aumento de los embarazos adolescentes potencian la problemática.
7. El proyecto en cuestión busca caprichosamente que un "Programa Municipal de Lucha contra la Violencia de Género, los Delitos contra la Integridad y la Libertad Sexual y el Abuso Infantil" sea llevado a cabo de modo "autárquico", por la Dirección de la Mujer para que "no dependa de la firma de un superior" para avanzar en sus acciones, además de fortalecerla institucional y financieramente, dotándola de más personal designado por concurso.
8. El escrito menciona aspectos referidos a la capacitación de policías, docentes, agentes municipales, difusión de las causas y consecuencias de la violencia de género, los delitos contra la integridad y libertad sexual y el abuso sexual infantil, de los recursos existentes y los circuitos para efectuar denuncias y acceder a protección, una vez revisada su eficiencia, además del mantenimiento de estadísticas con datos de las fiscalías.
9. Aunque la comuna carece de responsabilidad sobre la fuerza policial, se menciona la conveniencia de implementar el "Protocolo de actuación del personal policial de las Comisarías de la Mujer y la Familia y de los profesionales de los equipos interdisciplinarios para la atención de las víctimas de violencia familiar" del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.
10. El proyecto a presentar por las concejales busca "Adoptar el 'Protocolo y guía de prevención y atención de víctimas de violencia sexual y familiar para el primer nivel de atención', expedido por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, como así también el 'Protocolo para la atención integral de personas víctimas de violaciones sexuales' del Ministerio de Salud de la Nación, ambos de aplicación en las guardias de los hospitales, clínicas y demás centros de atención primaria de salud del Distrito". Ambos protocolos implican la realización de abortos en hospitales públicos con la sola declaración que un embarazo es fruto de una violación, SIN denuncia policial, lo que garantiza al abusador (que en la mayoría de los casos pertenece al círculo más cercano a la víctima) total impunidad. En realidad, tales protocolos son, en la práctica, la "legalización" del asesinato intrauterino (aborto) y no aportan solución a la problemática de la violencia hacia la mujer, todo lo contrario (además de que si fuera cierto que fue violada, podría volver a serlo, el aborto deja severas secuelas psicológicas de muy difícil superación).
11. En la misma línea aparece "apoyar y promover efectivamente, involucrando sus recursos, la aplicación de la ley de Educación Sexual Integral en las escuelas, comenzando por las de población más vulnerable", perverso y cuestionable avance del Estado sobre los padres, sus convicciones e intereses, acercando una concepción de la sexualidad individualista, donde es posible considerar la actividad genital independientemente de los sentimientos, la trascendencia y la responsabilidad. Similar material produjo recientemente María Eugenia Vidal (Pro) para el gobierno porteño donde se avala la pornografía, entre otras aberraciones. El Estado –como es comprobable- gasta gran cantidad de dinero en promover formas de anticoncepción, promueve como "derecho" la experimentación sexual de menores, se lamenta por los embarazos de los jóvenes, pero no articula frontalmente políticas que ubiquen al amor, la familia y los sentimientos más profundos en el centro del desarrollo personal.
12. En lo referido a los gastos que pretende el proyecto que afronten los vecinos figuran: una cámara Gesell con equipo de video y equipo de peritos de guardia pasiva, como forma de apoyo a la Justicia; un refugio para mujeres victimas de violencia y sus hijos (también le adjudica al municipio velar por el efectivo funcionamiento de los refugios existentes en el Distrito Judicial San Isidro); solventar el equipo de apoyo y contención psicológica y social que acompañe a las víctimas hasta la finalización del proceso de recuperación, un cuerpo de abogados municipales especializados y capacitados con el fin de brindar patrocinio legal gratuito civil y penal a las víctimas; crear y designar la figura del acompañante de las víctimas por servicios de salud y justicia, adecuación tecnológica y organizativa del sistema de cámaras y repuesta policial, incluida la capacitación del personal de la central de monitoreo y los agentes de los móviles municipales. Aquí se menciona como exitosa la práctica implementada por el yerno de Durrieu, Sergio Massa, en el municipio de Tigre (Central de recepción de alarmas, botones de pánico para mujeres con medida judicial de restricción, sistema de emergencia por celular y coordinación municipal de las alertas e intervenciones).
Primeras conclusiones:
a. La sociedad argentina vive en un grado cada vez mayor de violencia, cuyas múltiples causas se potencian por realidades institucionales que dejan a los ciudadanos en un marco de desamparo.
b. La violencia hacia la mujer, hacia los niños y hacia los adultos mayores –que debe ser rechazada con vehemencia por toda la sociedad- es un emergente de ese mismo marco violento generalizado.
c. La pobreza, la utilización partidaria y/o gubernamental de los sectores más humildes, la falta de horizonte fruto de la desigualdad social, el consumo de alcohol y drogas, y la pérdida de valores que todo eso conlleva, son factores desencadenantes de violencia.
d. La tergiversación de cifras estadísticas o su cálculo arbitrario –argumentando ausencia de datos oficiales- es un recurso altamente usado para imponer legislaciones y medidas que sólo responden a cuestiones ideológicas o partidarias. Aunque vale mencionar que cuando asoma el feminismo –como mirada sesgada, parcial, de la realidad- no es raro observar cómo se unen los partidos políticos, sobre todo en ausencia de un análisis más profundo y abarcativo.
e. Los municipios no se ocupan sólo de servicios básicos en la vía pública –como señaló con desprecio y una gran dosis de desconocimiento la concejal Durrieu-, sino que se ven obligados a actuar en ámbitos que no le corresponden desde hace décadas, para dar soluciones a los vecinos. Curiosamente su hijo, Sebastián Galmarini, supo decir cosas parecidas en sus campañas fallidas para ser intendente. No obstante, asignarle responsabilidades en el funcionamiento de la justicia es inapropiado. Podrá colaborar, como lo hacen, pero no es conveniente sobrepasar los límites naturales de su gestión, ni desviar fondos para ello.
f. El intendente de San Isidro, Dr. Gustavo Posse, declaró al distrito "Municipio a favor de la vida" el 11 de Mayo de 2011. Aceptar, implementar o promover el "Protocolo para la atención integral de personas víctimas de violaciones sexuales" –que incluye el aborto- es contradecir una norma coherente con los principios rectores de una comunidad que valora la vida desde la concepción, además de ser inconstitucional.
g. A la municipalidad le corresponde colaborar y participar de toda acción a favor de sus vecinos, pero señalar que no se llevan adelante acciones para evitar la violencia por no tener algunas de las medidas propuestas en el proyecto, es desconocer en qué medida toda la actividad social, deportiva y educativa implementada y sostenida desde hace décadas, ha evitado y evitará que un acto de violencia se produzca.
h. A la justicia le corresponde dar efectiva cabida, rápida atención y correcta contención a las víctimas de violencia. Toda acción que permita –tal vez- realizar un seguimiento adecuado de lo que ocurre en el partido en esos casos, será propio y oportuno.
