Cuando todavía resuenan las voces de los millones que participaron de las multitudinarias Jornadas de la Juventud llevadas a cabo en Brasil, la presidente Dilma Rousseff sancionó el jueves 1 de Agosto la ley que prácticamente libera el crimen abominable del aborto con la excusa de la "relación sexual no consentida", que habilita a las mujeres -en cualquier momento del embarazo-, a presentarse para abortar en los establecimientos de salud, alegando que han sido víctimas de "violencia sexual".
Al igual que ocurre con el Protocolo impulsado por el gobierno de Daniel Scioli en la Provincia de Buenos Aires, para pretender abortar bajo ese supuesto, no es necesaria ninguna investigación policial o judicial y basta con la declaración de la mujer, lo que permite que, en caso de ser verdad el argumento, se facilite que el abusador permanezca sin castigo y una vida en gestación sea destruida.
Según fuentes de Brasil, se trata de la incorporación a la legislación nacional de la Norma Técnica del Ministerio de Salud que establece la asistencia médica integral, incluido el aborto, para los casos de violencia sexual. La Norma Técnica se aplicaba en un centenar de hospitales.
Es de notar que la ampliación del concepto de violación o violencia sexual, fue expuesto por la activista internacional pro-aborto, Adrienne Germain, de la International Women Health Coalition, en 1998.
Para la feminista Angela Freitas, de la organización Articulação de Mulheres Brasileiras (AMB), la ley sirve para enfrentar mejor las trabas legales que ponen los "antiabortistas" para obligar a los "hospitales religiosos" a realizar abortos; y para obligar a todos los médicos a hacerlos.
La resistencia
Entre los miles de cristianos (católicos y evangélicos) que pidieron a la presidente el veto total, estuvieron Mons. Antonio Rossi Keller, obispo de Frederico Westphalen y Mons. Celso Marchiori, obispo de Apucarana, (16 de julio); la Comisión Pro Vida de la Regional Sud 1 de la Conferencia Episcopal, que reúne 42 diócesis, (17 de julio), y la Comisión de Bioética y Defensa de la Vida de la arquidiócesis de Campinas (23 de julio).
Mons. Rossi Keller advirtió "el Poder Ejecutivo, después de sancionar la Ley, establecerá las reglamentaciones y las normas técnicas que abrirán el camino a la implantación, en la práctica, del aborto irrestricto".
La Conferencia Episcopal se inclinó por pedir a la presidente el veto parcial, absolutamente insuficiente para frenar los daños de esta ley inicua.
El 16 de Julio, el Secretario de la Conferencia Episcopal, Mons. Leonardo Steiner, obispo auxiliar de Brasilia, excediéndose en sus atribuciones, exigía a todos los obispos una postura uniforme a favor del veto parcial de la ley. Además reclamaba, sin derecho alguno, a los fieles laicos la misma uniformidad. (Esa carta de Mons. Steiner, estuvo en la web del Arzobispado de San Pablo durante unas horas).
El 19 de Julio, la Conferencia Episcopal anunció oficialmente que había pedido a la presidente el veto parcial el 17 de Julio. Entre los que acompañaron la petición de veto parcial estuvieran representantes del grupo Brasil Sem Aborto.
"Si una víctima de abusos concurre de aquí en más al hospital, su personal deberá cumplir con todo el protocolo de atención", destacó el ministro de Salud, Alexandre Padilha, al informar sobre la sanción presidencial de esta norma que entrará en vigencia dentro de 90 días.
La ley 3/2013 reglamenta los procedimientos autorizados en la atención multidisciplinar en la red pública de salud para mujeres víctimas de "violencia sexual", y obliga a ser practicado el aborto, pero no modifica ninguna de las normas vigentes, señalan desde el gobierno brasileño.
"La novedad es que la norma establece la atención obligatoria en los servicios de salud" en todos los casos de violencia sexual, explicó Beatriz Galli, del capítulo brasileño de IPAS, una ONG internacional dedicada a promover el aborto y la anticoncepción bajo el argumento de mejorar la salud de las mujeres.
Galli aseguró que son comunes los casos de resistencia médica en algunos lugares, alegando objeción moral o religiosa, e inclusive en las fiscalías, que han llegado a solicitar la incautación de registros para verificar si los abortos realizados estaban de hecho dentro de lo que contempla la ley.
El jueves 1 de Agosto vencía el plazo constitucional para la promulgación de la ley 3/2013, basada en el proyecto presentado en 1999 por la diputada nacional Iara Bernardi, del izquierdista Partido de los Trabajadores.
Pero había duda debido a la coincidencia de la visita del papa Francisco a Brasil, del 22 a 28 de Julio, pese a que la norma había sido aprobada por unanimidad en la dos cámaras del Congreso legislativo federal.
Tres días antes de la llegada del papa, representantes de la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil y otras entidades religiosas se presentaron en la sede de gobierno ante Rousseff para pedirle el veto parcial de la ley.
[Fuente: Noticias Globales / Otros]
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