La Corte Suprema se impuso a la cultura de la vida
Demostrando el indudable poder del que gozan para disponer inconstitucionalmente del destino de los ciudadanos, funcionarios políticos e integrantes de la justicia en distintos niveles trabajaron rápida y coordinadamente para que la vida de un ser humano sea sesgada sin dilación.
La batalla contra el sentido común es despareja. Mientras personas individuales y organizaciones de distinta envergadura realizan charlas, publican notas en redes sociales y realizan algunas acciones públicas expresando que la vida -toda la vida- debe ser defendida, protegida, apoyada, custodiada, el poder político junto al judicial, fogoneado por agrupaciones abortistas.
No se oyeron voces del mundo de la política ni de los medios de comunicación de gran alcance que propusieran caminos que contemplaran no matar a un bebé en el vientre de su madre. Todas los comentarios e informaciones buscaban justificar que "lo correcto" era abortar y que quien quisiera evitar eso, era un totalitario, un ultraconservador, un fundamentalista. Como si no fueran fundamentalistas los abortistas.
La ciencia demuestra cabalmente que la vida comienza en el momento de la concepción. Eso no es un hecho religioso o un concepto político.
Esta medida de la Corte Suprema junto a la espontánea campaña de medios y lobbistas, ponen a la vista una tragedia más en un país con escasa justiciay más escaso criterio en ámbitos políticos.
Mientras tanto, entidades como Grávida, La Merced Vida, Frente Joven, Jóvenes Pro-Vida, FAMPAZ, el Centro de Bioética Persona y Familia, y muchas otras siguen y seguirán dedicando sus esfuerzos a ayudar a mujeres desesperadas a que reflexionen y no maten a sus hijos, a sostenerlas emocional y económicamente para que puedan tenerlos, y a concientizar a la población sobre la defensa de la vida. Es una lucha -establecida por el egoísmo de muchos- en la que corresponde no bajar los brazos a pesar de que quien plantea la batalla es otro, y las energías y los recursos no están repartidas en la misma proporción.
Los hechos
Con la firma de los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Juan Carlos Maqueda, RaúlZaffaroni y Carmen Argibay, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso el jueves 11 de Octubre que se mate al ser humano en el vientre de una mujer y que por tal procedimiento no sea penalizada ni la propia madre ni los médicos o personas que lo faciliten.
De acuerdo a estos "prestigiosos jueces" que sin demora alguna indicaron qué hacer en esta ocasión, "noexisten obstáculos que impidan llevar a cabo la práctica solicitada" por una mujer víctima de una violación y de la trata de personas.
Durante la jornada, el nuevo magistrado al frente del caso, Dr. Miguel Ricardo Guiraldes, había aceptado las apelaciones presentadas por la mujer que solicitó someterse a un aborto y que el gobierno de Mauricio Macri estaba dispuesto a realizar amparado en una resolución del Septiembre último emanada de su área de salud.
La Corte comunicó a las autoridades de la ciudad de Buenos Aires que, ante el pedido de realizar el aborto, "deberán proceder a la realización de la práctica prescindiendo de la resolucion judicial que suspendió" la intervención.
El 13 de Marzo el supremo tribunal ratificó que el aborto no es punible cuando es producto de una violación, por lo que el asesinato de un ser humano en gestación no está supeditado a un trámite judicial.
"La medida que se adoptará es la demostración más concluyente del modo en que ha de realizarse por los poderes judiciales de la Nación, de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la exhortación dada por el Tribunal para que se abstengan de judicializar el acceso a los abortos no punibles".
La Corte Suprema intervino en el caso tras recibir el planteo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario para que defina si es ese fuero o el civil el que debía actuar ante el expediente y, en consecuencia, autorizar o mantener suspendido el aborto.
La jueza Rustán de Estrada fue apartada de la causa por la Cámara Civil, que asignó el expediente al magistrado Güiraldes, quien aceptó las apelaciones presentadas por la mujer y el gobierno porteño.
