Luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia en relación sobre la ampliación de los casos de aborto no punible, se presentaron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires varios proyectos que pretenden legislar en el mismo sentido que se expidió el máximo tribunal. Sin embargo, ninguno tiene en cuenta la desprotección en la que quedarían inmersas las mujeres y la obstrucción del camino jurídico para juzgar a los violadores.
Los proyectos de Ley
Las propuestas presentadas son cinco y fueron impulsadas desde varios partidos. El PRO, fuerza predominante en la Ciudad, presentó dos proyectos.
1. En las últimas semanas, el PRO aunó dos de los proyectos que había presentado: el del legislador Helio Rebot y el de las diputadas Carmen Polledo y Lía Rueda. Si bien presenta más restricciones, este proyecto también apunta a establecer un protocolo para realizar abortos. El proyecto le da al médico interviniente la posibilidad de pedir la opinión a un equipo interdisciplinario sobre cada caso de aborto no punible, y en los casos de menores de 18 años, requeriría el consentimiento de los padres. Tampoco establece plazos para la realización de la práctica. En el caso de riesgo para la salud o la vida de la mujer gestante, exige que se constate que no haya un tratamiento alternativo. Contempla la posibilidad de que en un hospital los médicos se declaren objetores de conciencia.
2. El otro proyecto del PRO es el de José Luis Acevedo y Daniel Lipovetzky, presentado posteriormente, que a pesar de que implica asistencia a las víctimas de violencia sexual, incluye la atención de los abortos no punibles.
3. Los diputados Gabriela Alegre y Juan Cabandié, del Frente para la Victoria (FpV), junto a otros legisladores, entre los que se encuentran Virginia González Gass y María José Lubertino, entre otros, sigue lo expuesto por el fallo de la Corte Suprema. Con respecto a las menores de edad, afirma que “será válido el consentimiento (de la mujer) a partir de los 14 años de edad”. Por lo tanto, en dichos casos no se requeriría autorización de los padres. En los casos de niñas menores de esa edad, el consentimiento será otorgado por su representante legal. En referencia a los tiempos para realizar el aborto, argumenta: “se debe garantizar la realización del diagnóstico en el menor plazo posible y de las prácticas médicas necesarias para la interrupción segura del embarazo en un plazo no mayor a los diez días corridos desde el consentimiento de la mujer o de su representante legal”.
4. La diputada del FpV María Rachid presentó a su vez otro proyecto que contempla la sanción a los profesionales de la salud que pongan trabas al acceso al aborto no punible. Tampoco utiliza la palabra “mujer”, por considerar que discriminaría a aquellas que se autoperciben transexuales, y que en caso de estar embarazadas pretendieran abortar; en cambio, utiliza el término “persona”.
5. El diputado Alejandro Bodart del Movimiento Social de los Trabajadores (MST), miembro de Proyecto Sur, propuso directamente la despenalización total del aborto en las primeras 12 semanas de gestación y luego de dicho plazo en los casos contemplados en el Código Penal y cuando hay malformaciones fetales graves.
Propuestas ineficientes
A pesar del fallo de la Corte, la Ciudad de Buenos Aires goza de plena autonomía. El acatamiento a la Corte socavaría el equilibrio de poderes y, por ende, el orden institucional, ya que los fallos del Máximo Tribunal funcionan como una mera opinión, llamada “obiter dicta”, que a pesar de sentar precedentes, se aplica en casos concretos y no en general.
Los proyectos presentados no solucionan la problemática de fondo: no prevén mecanismos para juzgar eficazmente al violador, y en cambio perpetúan la violencia sexual contra las mujeres víctimas de la violación. Si estas propuestas se aprobaran, el Estado estaría desamparando aún más a las mujeres, y amparando a los violadores.
La mayoría de los casos de violación ocurren en el ámbito familiar o cercano a la mujer. Según los casos más resonantes que han tenido dominio público los victimarios fueron padres, abuelos, tíos, hermanos o vecinos de las víctimas. En el caso de que la mujer abortara, además de terminar con la vida del niño por nacer, totalmente inocente del acto delictivo cometido por el padre, la mujer regresaría al mismo entorno donde se produjo la violación y quedaría cautiva de un sistema perverso de violación sistemática por parte de un mismo violador.
Otro punto no tenido en cuenta por los proyectos mencionados es que en muchos de los casos de violación el mismo entorno familiar encubre al violador. Si la mujer abortara, además de padecer las graves consecuencias del aborto, como el llamado Síndrome Post Aborto (SPA), quedaría recluida en un espiral de violencia sexual.
En contraposición a las ineficientes propuestas presentadas en la Ciudad, existen opciones para salvar la vida del niño por nacer y a su vez rescatar a la mujer víctima de violación, por medio de atención exhaustiva y continua. Ejemplo de este tipo de programas es el proyecto Ley de Protección Integral de los Derechos Humanos de la Mujer Embarazada y de las Niñas y los Niños por nacer, más comúnmente llamado Proyecto de Ley de embarazadas, que fue presentado nuevamente este año en el Congreso de la Nación.
[Fuente: Frente Joven]
