El 7 de Octubre tendrá lugar en el Consejo de Europa un debate clave sobre el derecho la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios. Los parlamentarios europeos analizarán y votarán el proyecto de resolución titulado "Acceso de las mujeres a cuidados médicos legales: problema del recurso no regulado a la objeción de conciencia", presentado por la eurodiputada británica del Partido Social Europeo Christine McCafferty.
A petición de los miembros del propio Consejo de Europa, el Centro Europeo para la Ley y la Justicia ha elaborado un memorándum en el que advierte seriamente de que, de acuerdo con el derecho europeo e internacional, varias de las recomendaciones de la resolución violan de una manera grave la libertad de conciencia de los médicos.
El proyecto de resolución que se debatirá en los próximos días comienza por poner en tela de juicio el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios y propone encorsetarlo de tal manera que termina por convertir el derecho en una excepción. Para ello, McCafferty pide a los Estados miembros de Europa:
- Obligar a los profesionales de salud a dar el tratamiento deseado al que el paciente tiene legalmente derecho (por ejemplo el aborto) en detrimento de su objeción de conciencia.
- Obligar al profesional de salud a probar que "su objeción está fundada en la conciencia o en creencias religiosas y que su rechazo lo da de buena fe".
- Privar a "las instituciones públicas o de Estado, tales como hospitales y clínicas públicas en su conjunto" de la "garantía del derecho a la protección de conciencia".
- Crear un "registro de objetores de conciencia".
- Crear un "mecanismo de quejas eficaz" contra los objetores de conciencia.
Más allá del aborto
La resolución se centra "especialmente en el ámbito del cuidado de la salud reproductiva" de la mujer, principalmente del aborto, pero también concierne a otras prácticas como la reproducción asistida y la esterilización. El informe menciona además "acortar la vida para aliviar el dolor de los pacientes con enfermedades terminales" (eutanasia activa). Con lo que sugiere limitar el derecho a la objeción de conciencia de los médicos con respecto no sólo al aborto, sino también a los tratamientos dirigidos a acabar con la vida de un paciente que desee morir.
En su propuesta, McCafferty propone obligar a los profesionales sanitarios a dar prioridad al derecho de un paciente a recibir el tratamiento legal deseado (incluido el aborto) sobre su derecho a la objeción, algo que paradójicamente la eurodiputada socialista reduce a una mera cuestión de "equilibrio de derechos". Los médicos –según McCafferty–, deben renunciar a su derecho para que haya un equilibrio "adecuado".
Según esta resolución, "las convicciones de los médicos, a menudo debidas a sus creencias religiosas, no pueden ir contra la disposición de ofrecer en todo momento los servicios y la información médica que se les solicite". Y añade como una razón de peso que "entre la gente que está en contra del derecho a la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios hay incluso algunos que creen que los médicos y enfermeras que no están preparados para ofrecer una atención legal, eficiente y beneficiosa a un paciente debido a sus convicciones, no deberían ejercer la medicina ni ninguna profesión relacionada". Cuando se refiere a "legal, eficiente y beneficiosa", quiere decir practicar un aborto o eutanasia.
Las leyes europeas e internacionales defienden la objeción
McCafferty denuncia la inadecuada regulación del derecho a la objeción de conciencia en algunos países de Europa cuando, según el Centro Europeo para la Ley y la Justicia, la mayoría de los países de la Unión Europea, además de 47 de los 50 Estados de Estados Unidos, incluyen en sus legislaciones la regulación de este derecho. En muchos casos, reforzada por los estándares éticos de los propios colegios profesionales.
Según el CELJ, el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios está garantizado explícitamente por las leyes europeas e internacionales a través de los artículos 9 y 14, entre otros, de la Convención de los Derechos Humanos, además del artículo 18 de la Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la propia Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en cuyo artículo 10 se señala claramente "la protección de la libertad de pensamiento, conciencia y religión".
El propio Consejo de Europa –señala en su memorándum el ECJP– no podría limitar o anular este derecho porque durante más de 43 años lo ha estado promocionando en lo que concernía al servicio militar.
Si el Consejo ha defendido el derecho a la objeción de conciencia de cualquier persona que no quisiera realizar el servicio militar por motivos "de conciencia, religiosos, éticos, etc.", se traicionaría a sí mismo si ahora declarase que las prácticas médicas para acabar con la vida de un ser humano son tan necesarias y esenciales para la sociedad que deben anteponerse al derecho a la objeción de conciencia de los médicos.
"Ninguna persona razonable puede pensar que en una sociedad inspirada por los valores de la libertad y la democracia occidental, los médicos y las enfermeras que consideren el aborto como un homicidio puedan ser obligados a practicarlo contra su voluntad. Si este espacio es roto dentro de la libertad de conciencia, habremos rebasado una línea muy peligrosa", afirma Bruno Nascimbere, miembro de la Red de Expertos de la Unión Europea.
[Fuente: Aceprensa]
