A propósito de la muerte del director de orquesta Edward Downes y de su mujer, asistidos por la asociación Dignitas, Times Online ha recuperado un reportaje de su corresponsal en Zurich, Roger Boyes, en donde se descubren algunos particulares sobre el modo de operar de esta que algunos medios llaman, faltando a la exactitud, “clínica”.
La aparición de restos óseos en el lago de Zurich, en la llamada Costa Dorada, produjo el año pasado intranquilidad entre las autoridades y entre los acomodados vecinos de la zona. Aunque la policía no encontró evidencias para incriminar a nadie por estos restos, el Departamento de Recogida de Basuras, Agua y Energía envió a Dignitas una comunicación previniéndole de que el exceso de desechos provenientes de cadáveres humanos podría contravenir la normativa ambiental de la región. “Las encuestas de opinión suelen mostrar que el 60% o más de los ciudadanos suizos aprueban el suicidio asistido para los que sufren enfermedades terminales o serios impedimentos, pero la aprobación se disuelve rápidamente si aquél se realiza frente a sus casas”, concluye Boyes.
Soraya Wernli, antigua secretaria general de Dignitas que renunció por razones éticas y económicas, calcula que en los últimos años han ido a parar al lago los restos de cerca de 300 clientes de la organización. El reportaje de Times Online explica que, tras la muerte asistida, la policía y un médico se personan en el lugar para retirar el vídeo que obligatoriamente debe hacerse de los momentos finales del fallecido, para confirmar que ha procedido por propia voluntad; simultáneamente, una ambulancia retira el cuerpo y lo traslada al Instituto Forense de Zurich y de seguidas al lugar donde se procede a la cremación. “Son los restos que no reclaman ni la familia ni los amigos los que se cree que Dignitas tira”, precisa el artículo.
Dura agonía
Según el texto, el suicidio asistido no es tan sereno como parece. El año pasado Dignitas tuvo dificultades para conseguir las dosis de 15 gramos de pentobarbital de sodio que administraba a sus clientes para lograr una muerte rápida, y recurrió en consecuencia a inhalaciones de helio. Al examinar los vídeos de los fallecidos por este sistema, la policía y la fiscalía suiza quedaron impresionadas por la agonía que se prolongaba cerca de una hora entre estertores y espasmos de los pacientes.
Por otro lado, y aunque la ley suiza exige que quien decide recurrir al suicidio asistido debe haber sido visitado al menos en un par de ocasiones por un médico, Wernli revela que no siempre las cosas funcionan así. “Algunos extranjeros –alemanes e ingleses– podrían haber llegado a Zurich en la mañana, haber sido llevados ante el médico y a media tarde estar ya muertos”, relata la ex directiva de Dignitas. Junto a esto, el caso del joven Daniel James, un jugador de rugby de 23 años que quedó paralizado tras un accidente, introdujo el precedente de poner el suicidio asistido a disposición de enfermos no terminales.
Un “nuevo Caronte”
La figura de Ludwig Minelli, director de Dignitas, despierta muchas suspicacias a las que se refiere el reportaje de Times Online. Al contrario de lo que pudiera creerse, Minelli no es médico, sino un periodista y abogado retirado, de 75 años, que dice no tener fines de lucro, aunque admite llevar la organización con la firmeza de un “dictador benigno”.
No todos afirman el desinterés del trabajo de Minelli: Gerhard Fischer, del Partido Evangélico (una influyente fuerza política de la Suiza germanoparlante), ha declarado que “esto se ha salido de control. Soy granjero y para inyectar a un becerro debo hacer primero un curso, y sin embargo no se pide nada para mandar a un ser humano a la muerte. Se ha convertido todo en un negocio”.
Boyes sostiene que la experiencia de Minelli como periodista le ha servido para neutralizar la atención de los medios indeseados —y así, por ejemplo, sólo concede entrevistas cuando está seguro de que no averiguarán más de la cuenta—, pero que es sobre todo su destreza como abogado la que le ha servido para vadear los obstáculos legales y dar siempre una apariencia de respetar las normas.
Lo cierto, sin embargo, es que Dignitas no publica cifras desde 2004, aduciendo el respeto a la privacidad de sus clientes y el derecho que tienen a decidir sobre su propia muerte. Wernli ha acusado a Minelli de cobrar a cada suicida 3.500 euros, cifra que representa una notable ganancia respecto de los 5 euros que cuesta la dosis de pentobarbital.
Sin embargo, el reportaje de Boyes parece concederle su falta de interés por enriquecerse, y aventura la tesis de que “la reticencia de Minelli a ser transparente con el dinero derive probablemente de su deseo de controlarlo todo”. Boyes llama en su apoyo el testimonio de un médico suizo que no identifica: “Este hombre no está por el dinero: se trata, en cambio, de tener poder sobre la vida y la muerte. Es como el mítico barquero de la laguna Estigia, transportando a las personas a la otra orilla. ¿Y con qué se le pagaba a aquel barquero? Sólo con una moneda”.
