Apenas 16 horas después de que el párroco de la Catedral de San Isidro, Pbro. Carlos Avellaneda, comunicara que el templo estaría abierto unas horas diarias (de 9:00 a 12:00 y de 16:00 a 19:00) para la oración individual de los fieles y la adoración eucarística, se dio a conocer que el gobierno que encabeza Alberto Fernández decidió suspender la autorización.
Extraña que se haya suspendido en el primer día de apertura la autorización, pero nada sorprende demasiado de un gobierno que considera peligrosa una misa aunque no tanto la concurrencia a locales comerciales y otras actividades de mayor circulación y exposición a posibles riesgos de contagio. Una misa no conlleva demasiados "peligros", salvo para quienes se oponen a los innegables orígenes de nuestro país.
La medida que impide formalmente a los católicos acercarse a templo mayor de San Isidro también para acceder al sacramento de la confesión, rige en lo que se conoce como A.M.B.A. (Área Metropolitana de Buenos Aires), una región que incluye la ciudad de Buenos Aires y 40 municipios aledaños a la Capital, donde tiene injerencia la Diócesis de San Isidro.
El párroco había anunciado para alegría de los fieles la apertura de la Catedral para que se pudiera concurrir con diversas medidas de seguridad: uso de alcohol en gel al ingreso, barbijo, ubicación marcada a distancia prudencial y solicitud de turno para las confesiones (para distribuir a los interesados en distintos horarios).
