Tras resaltar la tradición mariana de la Patria los abogados católicos recuerdan que "el derecho de culto es un derecho fundamental de raigambre constitucional" que los funcionarios "deben respetar y hacer respetar". "Si el delito no se persigue se fomenta".

Señalan que el hecho denunciado debe ser sancionado con un mes a tres años de prisión conforme a lo previsto en la Ley Antidiscriminatoria y que configura "violencia institucional" ya que los hechos se producen y toleran dentro de un espacio público.

"Resulta paradojal que la Ley 26.415 que creó el Ente Público que albergó este acto irracional de odio religioso tenga como fundamento promover los derechos humanos".

El texto completo de la carta dirigida al Dr. Germán Garavano:

REQUIEREN DISCULPAS PÚBLICAS – SE DIPONGA REMOCIÓN DE FUNCIONARIOS – SE REVOQUE CONTRATO DE CONCESIÓN

Buenos Aires, 12 de marzo de 2019

Sr. Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación
Dr. Germán Carlos Garavano
Sarmiento 329
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

De nuestra mayor consideración:

El 7 de marzo del corriente un grupo de personas llevó en andas una imagen de Nuestra Señora en su advocación "Inmaculada Concepción de María" caricaturizada como "Virgen Abortera" en una parodia de procesión por la avenida Del Libertador, hasta terminar "entronizándola" en la librería del Centro Cultural "Haroldo Conti", ubicado dentro del inmueble administrado por el Ente Público "Espacio para la Memoria y Promoción y Defensa de los Derechos Humanos", dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a su cargo. Todo ello ocurrió frente a la complicidad de las autoridades de ese organismo, que habiendo tomado nota de esta grave ofensa al sentimiento de la comunidad católica, adhirieron a esta muestra de odio religioso y nada han hecho para remediarlo y la ofensiva adulteración de la imagen continúa exhibiéndose hasta el día de la fecha.

El uso ofensivo y caricaturesco de una imagen de Nuestra Señora constituye un insulto a todos los cristianos que la tenemos por Venerada Madre de Jesús y Madre nuestra, así como un ataque a nuestros sentimientos religiosos más profundos. Baste recordar que el nombre "María" es llevado por una inmensa mayoría de habitantes en nuestro país como homenaje e invocación de la santa protección de Nuestra Madre Celestial. Fue ante la imagen de Nuestra Señora que el Gral. Belgrano hizo jurar nuestra bandera nacional, el General San Martín la nombró Patrona de los ejércitos libertadores y su nombre fue adoptado para el puerto de la ciudad capital de la República, fundado como "Santa María de los Buenos Aires".

El hecho aberrante que denunciamos constituye una clara expresión de odio religioso y el resultado de un sentimiento anticatólico que ofende los principios más elementales de nuestra comunidad, pues en la República Argentina el derecho de culto es un derecho fundamental de raigambre constitucional que los funcionarios como Ud. y la dirección del Centro Cultural Haroldo Conti deben respetar y hacer respetar. Al respecto le recordamos el juramento que Ud. formuló el día que asumió su cargo, que no es letra muerta sino el compromiso asumido con el pueblo argentino. Es por ello que ante una clara expresión de odio religioso, no encuentra justificación alguna que hasta el momento la cartera a su cargo no haya todavía dispuesto medida alguna.

Téngase en cuenta, como serio agravante, que ante la ausencia de una inmediata acción contra esta expresión de odio religioso, poco después, un grupo participante de la concentración en la Plaza de Mayo del pasado 8 de marzo que recordó el Día Internacional de la Mujer, intentó atacar la Catedral de Buenos Aires, lo que motivó algunas detenciones. Si el delito no se persigue se fomenta, y el hecho que denunciamos configura claramente un hecho antijurídico que debe ser sancionado y corresponde al tipo penal condenado con un mes a tres años de prisión por la Ley 23.592 que dice: "En igual pena incurrirán quienes por cualquier medio alentaren o iniciaren a la persecución o el odio contra una persona o grupos de personas a causa de su raza, religión, nacionalidad o ideas políticas".

Resulta paradojal que la Ley 26.415 que creó el Ente Público que albergó este acto irracional de odio religioso tenga como fundamento promover los derechos humanos, entre los cuales uno de los primeros derechos es el derecho a practicar libremente el culto sin por ello ser insultado.

Es particularmente grave que los hechos que denunciamos hayan ocurrido en la vía pública o dentro de un espacio que debería promover el respeto por los derechos humanos y en tanto la ofensa a los derechos religiosos se produce y tolera dentro de un espacio público, se configura una violación de los derechos humanos en un ámbito institucional, por lo que nos encontramos ante una evidente "violencia institucional" que cabe al Sr. Ministro remediar de inmediato.

Por otra parte, semejante violación de derechos constitucionales pone en evidencia que la dirección del Centro Cultural Haroldo Conti no cumple con sus deberes y es cómplice en la violación de elementales derechos humanos y por lo tanto DEBE SER REMOVIDA DE SU CARGO EN FORMA INMEDIATA, o por lo menos SUSPENDIDA EN SUS FUNCIONES HASTA QUE LOS SUMARIOS DEL CASO DETERMINEN SU PARTICULAR REPONSABILIDAD.

Asimismo, debe revocarse la concesión otorgada al local comercial ubicado dentro del predio, por la manifiesta violación del contrato de concesión que implica utilizar el espacio concesionado por las expresiones de odio religioso que allí se realizan y la violación de derechos religiosos que ello supone.

 Por todo lo expuesto, solicitamos al Señor Ministro que:

 a) Ordene la inmediata clausura del local donde se ofenden e insultan los derechos religiosos de millones de argentinos o donde se ofendieron e insultaron esos derechos si la imagen adulterada ya hubiera sido retirada así como revoque la concesión del espacio comercial correspondiente.

 b) Remueva temporalmente de su cargo a todas las autoridades del Centro Cultural Haroldo Conti hasta que se instruya el sumario correspondiente y luego de deslindadas sus responsabilidades se proceda a su exoneración. En dicho sumario seremos parte interesada y ofreceremos las pruebas del caso. La inmediata remoción resulta indispensable para evitar que se alteren las pruebas o se predispongan testimonios desde un cargo de responsabilidad administrativa.

 c) Impulse de oficio las denuncias penales correspondientes conforme lo dispone la ley 23.592 sin perjuicio de otras normas aplicables.

 d) Disponga como reparación simbólica difundir dentro del predio Centro Cultural Haroldo Conti información tendiente a hacer respetar los derechos religiosos y que explicite claramente que conductas como la denunciada constituyen graves violaciones a los derechos humanos.

 e) Ofrezca a la comunidad católica argentina sus disculpas públicas por los hechos ocurridos en el espacio bajo el control de su Ministerio.

 Sin otro particular, saludamos a Ud. atentamente.

Cosme M. Beccar Varela, presidente de la Corporación de Abogados Católicos