De mal en peor: el kirchnerismo impone a 'militantes sociales' sin título como docentes
A pocos días de la polémica por los cambios en los sistemas de calificación y promoción en las escuelas primarias de la provincia de Buenos Aires, otra alarma educativa acaba de saltar. Una ley provincial aprobada el miércoles pasado permite que militantes sociales al frente de grupos de chicos de 4 y 5 años, sin formación pedagógica oficial ni título regular alguno, se conviertan en docentes con todos los derechos y obligaciones de la ley 10.579 del Estatuto Docente provincial.
Se trata de la Ley de Incorporación de la Modalidad de Escuela Comunitaria al Sistema de Educación Formal (proyecto D79413-14), una iniciativa de la diputada kirchnerista Alicia Sánchez, esposa del dirigente piquetero Luis D'Elía, que en 15 artículos tira abajo uno de los pilares básicos de la profesión docente: la existencia de títulos oficiales y trayectorias educativas que acrediten la existencia probada de conocimientos.
La ley beneficia a la militancia social de centros comunitarios que colaboran con el cuidado de chicos vulnerables de entre 45 días y 5 años. El objetivo de la norma, que todavía no fue promulgada, insiste en la línea argumental de la "inclusión", con la cual también se justificaron los cambios conocidos la semana pasada.
El artículo 4 de la norma desarrolla los objetivos "inclusivos" respecto de los centros comunitarios, que hoy llegan a unos 350 y atienden a decenas de miles de chicos. Que den "respuestas colectivas a las necesidades educativas insatisfechas y se orienten hacia un objetivo transformador de las realidad circundante", "promuevan la inclusión social" y "propicien la praxis horizontal".
Esos centros comunitarios, con capacidad organizativa muy dispar, improvisados por la militancia social para colaborar con las familias, alcanzarán la jerarquía de "escuelas de nivel inicial" y pertenecerán al sistema de educación formal como cualquier otra institución educativa.
La regulación para las "escuelas comunitarias" en marcha presenta diferencias con las que se vayan a crear en el futuro o con la de las salas de 4 y 5 que se incorporen a las escuelas existentes a partir de la entrada en vigor de la ley. En las futuras nuevas escuelas, sólo docentes titulados podrán hacerse cargo de los chicos de 4 y 5 años. Sin embargo, la laxitud en la exigencia del título docente se mantiene para quienes ya están al frente de chicos de 45 días a 3 años.
Aun en los aspectos pedagógicos, la ley sigue privilegiando la dimensión comunitaria y social, tal como queda claro en su artículo 4, en el que se alientan, por ejemplo, "prácticas pedagógicas" que respeten "las particularidades de la comunidad de origen" y nada se dice de estándares de calidad o de objetivos educativos.
El verdadero espíritu de la nueva ley surge más claro todavía del debate parlamentario que se dio en la Cámara de Diputados en Junio del 2013, cuando la norma obtuvo su media sanción.
"Es objeto de este proyecto reconocer el valor y la dignidad del trabajo que mujeres y hombres sostienen cotidianamente en las instituciones comunitarias, motivadas con el único objetivo de promover la inclusión social a través de la educación", sostenía entonces la diputada Sánchez, según surge de las versiones taquigráficas de aquella sesión. Valoraba entonces el aporte de "la comunidad organizada".
Por su lado, el presidente del bloque del Frente Para la Victoria, Fernando Navarro, destacó el aporte de los "militantes, hombres y mujeres, que tuvieron que afrontar una responsabilidad que quizá nunca buscaron en un momento crítico cuando el Estado estaba en retroceso".
El motivo de alarma no reside sólo en el contenido de la ley, sino con el marco de su aprobación. En Diputados, la Unión Cívica Radical prefirió ABSTENERSE, dado que, según sostuvo el diputado Jorge Silvestre, reconocía el "fracaso del Estado en el cumplimiento de una de sus tantas tareas", pero comprometió su apoyo en senadores con la condición de que se dieran "garantías de profesionalismo y calidad educativa". Pese a que el texto del proyecto no se tocó en ese sentido en la Cámara alta provincial, la semana pasada la UCR finalmente votó A FAVOR de la sanción de la nueva ley. En diálogo con La Nacion, Silvestre manifestó no estar al tanto de la aprobación de la ley por parte de los senadores ni de si se habían introducido cambios.
Pero la UCR no fue el único partido de la oposición que votó a favor. De hecho todos los partidos excepto uno acompañaron el proyecto. Por la sanción de la ley votaron los monobloques de Unión Pro Peronista, GEN, PJ Néstor Kirchner y Nuevo Encuentro. El Frente Renovador, en cambio, fue el único bloque que votó en contra de la ley en el Senado.
"Hay dos maneras de oponerse a un proyecto de ley: abstenerse o votar en contra. Nos abstuvimos en Diputados y votamos en contra en Senadores", explicó Jorge Sarghini, del bloque del Frente Renovador. "Con esta medida corremos a la escuela y al docente de los lugares más vulnerables, dejando la educación inicial en manos de organizaciones que muchas veces practican el clientelismo político", agregó el diputado Ricardo Jano.
Los antecedentes legales en los que se basa la ley, enumerados por Sánchez durante el debate en Diputados, confirman que la lógica que separa lo inseparable, la inclusión por un lado y la calidad educativa por el otro, funciona como una matriz ideológica que atraviesa los partidos políticos. Ya desde 2007 resoluciones del Consejo Federal de Educación invitaban a la institucionalización de estas soluciones precarias y de emergencia.
A pesar del consenso argumental, algunas contradicciones en el tratamiento de la ley hacen prever novedades en los veinte días hábiles que aún correrán hasta la promulgación de la norma. El massismo pedirá el veto del gobernador Daniel Scioli y argumentará que, a pesar del ímpetu con que el kirchnerismo avanzó en la Legislatura provincial, la Dirección General de Cultura y Educación recomendó rechazar la norma porque ya la ley 13.688 y otras resoluciones contemplan la regulación de estas instituciones.
