La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha admitido a trámite un proyecto de ley para garantizar que el gobierno federal no pueda discriminar a personas y organizaciones que defienden que el matrimonio solo puede ser la unión de un hombre y una mujer. Impulsada por más de 60 congresistas republicanos y demócratas, la Ley sobre el Matrimonio y la Libertad Religiosa viene motivada por la actitud censora que se ha desatado en algunos estados norteamericanos y que ahora podría acentuar la decisión de anular la Ley de Defensa del Matrimonio (DOMA).
El pasado agosto, el Tribunal Supremo de Nuevo México denegó el amparo a los propietarios de un estudio de fotografía, Elain Huguenin y su marido Jonathan, que fueron demandados al negarse por motivos de conciencia a prestar sus servicios en una boda de lesbianas. Aunque Nuevo Mexico no permite las bodas homosexuales, el tribunal entendió que la negativa de los Huguenin era un acto de discriminación.
También el Parlamento de California quiso cobrar un precio a los Boy Scouts por oponerse a la nueva ortodoxia. Aunque finalmente no salió adelante, un proyecto de ley pretendía quitarles los beneficios fiscales por no admitir a homosexuales entre sus líderes adultos. La misma penalización estaba reservada a las organizaciones juveniles católicas de ese estado.
Quien sí llegó a sufrir amenazas de retirada de licencias en algunas ciudades fue el presidente de la cadena de restaurantes Chick-fil-A, quien declaró en una entrevista que su empresa apoyaba la familia de madre y padre. Tampoco han salido bien paradas las agencias católicas de adopción, a las que se les ha quitado las licencias en algunos estados por negarse a dar hijos en adopción a parejas homosexuales.
Defensa de la libertad religiosa
Los 63 congresistas que han promovido la Ley sobre el Matrimonio y la Libertad Religiosa creen que las discriminaciones de este tipo pueden ser más frecuentes ahora que el Tribunal Supremo de EE.UU. ha anulado el artículo 3 de la DOMA, que solo admitía como matrimonio, a efectos de las leyes federales, la unión de un hombre y una mujer.
A su juicio, la sentencia del Supremo "abre la puerta a posibles acciones legales contra las iglesias, empresas, organizaciones sin ánimo de lucro e incluso individuos que tienen un convencimiento religioso o moral de que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer".
La Ley sobre el Matrimonio y la Libertad Religiosa prohíbe al gobierno federal retirar los beneficios fiscales que corresponden a las organizaciones sin ánimo de lucro a cualquier entidad que defienda el matrimonio entre hombre y mujer. También prohíbe denegar a cualquier individuo u organización concesiones y licencias administrativas, contratos públicos, empleos… por el mismo motivo.
Raúl Labrador, representante republicano por Idaho y artífice del proyecto, afirma que esta iniciativa "no es una causa republicana ni demócrata" sino un empeño bipartidista por reafirmar la libertad religiosa y de conciencia ante el matrimonio. De ahí el amplio apoyo que ha cosechado a ambos lados del arco político.
La iniciativa también ha recibido el respaldo de varias organizaciones cívicas y think tanks como la National Organization for Marriage, el Family Research Council, Focus on the Family, la Heritage Foundation o Concerned Women for America. También la apoyan la Conferencia Episcopal católica, y la Comisión de Ética y Libertad Religiosa de la Convención Baptista del Sur.
