El gobierno de Milei quiere derogar la Emergencia en Discapacidad
Desde la Federación Argentina de Organizaciones Sin Fines de Lucro De y Para Personas con Discapacidad, expresamos nuestra profunda preocupación y rechazo a la incorporación, en el dictamen del Presupuesto Nacional 2026, de los artículos que derogan la Ley de Emergencia en Discapacidad (Ley Nacional 27.793).
La derogación de la Ley de Emergencia en Discapacidad implicaría consecuencias directas e inmediatas, entre ellas:
La pérdida de la compensación destinada a cubrir el atraso arancelario acumulado entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024.
La eliminación de los aumentos de aranceles previstos a partir de enero de 2025 y de las actualizaciones mensuales según el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
El no reconocimiento ni pago del atraso arancelario generado durante la actual gestión, que ya alcanza aproximadamente el 70%.
El recorte en los ingresos de quienes trabajan en talleres protegidos, con impacto directo en sus condiciones de vida.
La exclusión de personas con discapacidad en situación de pobreza que habían sido alcanzadas por la nueva pensión creada por esta ley.
Lejos de resolver la crisis, esta decisión la profundiza. El artículo 76, que propone aumentos trimestrales condicionados, resulta insuficiente si se elimina el marco de emergencia que garantizaba previsibilidad y sostenimiento del sistema de prestaciones. Se trata de un nuevo ataque a las personas con discapacidad, a sus familias y a las organizaciones que garantizan derechos fundamentales. Las personas con discapacidadno pueden ser una variable de ajuste.
En el día de hoy (16.Dic.2025) comenzó el tratamiento de esta modificación regresiva en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Desde FEDEDIS exigimos a las y los diputados de la Nación que asuman la responsabilidad institucional que les compete y no aprueben un Presupuesto 2026 que deroga, de manera encubierta, leyes vigentes y derechos conquistados.
La eliminación de la Emergencia en Discapacidad agravaría una situación ya crítica y vulneraría derechos reconocidos por ley. No hay margen para retrocesos.
Llamamos a la reflexión a los Sres. Gobernadores, para que acudan en defensa de las comunidades con discapacidad de cada provincia y solicitamos también a los medios de comunicación y a cada periodista a visibilizar esta maniobra y a contribuir al control democrático de decisiones que afectan de manera directa a miles de personas en todo el país.
