En el contexto actual de reempadronamiento tarifario para la población en general, y en función de lograr una distribución equitativa en términos tarifarios y de subsidios al consumo, creemos necesario que se contemple una tarifa diferenciada para los municipios. En caso contrario, serán los vecinos, quienes se verán afectados doblemente: tanto por sus servicios domiciliarios como por los incrementos del alumbrado que brindan sus ciudades.

Actualmente, los municipios abonan $ 6,52 por kWh en concepto de alumbrado público. Una fábrica o comercio lo hace por el monto de $ 6,72 por kWh.

La gran diferencia es que los municipios son prestadores públicos de servicios de carácter social y no obran con una pretensión de lucro. No es posible que paguen el alumbrado como un shopping o una gran fábrica, el consumo de los Hospitales, Jardines y Escuelas, los Campos de Deportes, las Estaciones de bombeo para prevenir inundaciones, las Bases de coordinación de móviles de seguridad, los Edificios administrativos para atender a los vecinos, Registros civiles, Fiscalías o Cementerios, por caso.

Entendemos que el gobierno nacional al segmentar, pretende dar progresividad a las tarifas para que los que mayor capacidad tengan no paguen lo mismo que los sectores vulnerables. Tal decisión es bienvenida, sólo que debe ser tomada con mucho profesionalismo a fin de evitar injusticias tanto entre domicilios particulares, como también respecto a los municipios ya que se impondría una doble penalidad a los vecinos al incrementarse sus consumos particulares como las tasas de Alumbrado, Barrido y Limpieza.

No se puede confundir un espacio de servicio con uno de lucro. Entre 2015 y 2022 el alumbrado público, esencial para evitar situaciones de inseguridad, aumentó nada menos que 4.800% y ya en los primeros 6 meses de este año sufrió un incremento de 45,5 %. Según se dice, podría incluso seguir aumentando en un 400 % de no existir una tarifa social diferenciada.

Si bien este planteo es en defensa de mis vecinos, esta situación afecta a numerosos municipios de la Provincia de Buenos Aires y potencialmente a todos los argentinos. Lo grave en nuestra Provincia, es que los representantes más próximos a los vecinos estamos condicionados por incumplirse la Constitución Nacional que garantiza las autonomías municipales (art.123). Esto implica que no contamos con un ámbito de diálogo y negociación desde donde defender el bolsillo de nuestros representados.

Entendemos que en un sistema de distribución equitativa los municipios deben ser tomados como prestadores sociales de servicios, y merecen tener una tarifa diferenciada respecto del universo general. Proponemos la modificación de los cargos fijos de potencia contratada, la eliminación del cargo de potencia adquirida y la modificación del cargo variable.

Es fundamental actualizar los valores con sentido común, para que los Municipios puedan afrontar sus consumos que son esenciales y tener la previsibilidad de determinar costos anuales para evaluar presupuestos que nos permitan continuar con proyectos e inversiones reales, sin tener que relegar o posponer compromisos ya asumidos, al recibirse montos por facturación en algunos casos exorbitantes.

Un hospital, por ejemplo, en la actualidad posee una tarifa T:3 (Grandes Clientes) y una demanda promedio de 500 kW de potencia. Hoy, sólo de cargo fijo, está abonando la suma de $ 350.295, más el cargo variable por kWh consumidos- cuyo valor promedio es $ 5,20 más impuestos. Valores mensuales que resultan muy difíciles de afrontar, principalmente en períodos de pandemia y post pandemia. A modo de ejemplo, el último consumo registrado del Hospital Central de San Isidro fue de $ 1.822.891.

Además, no existen incentivos a quienes pretendemos actuar con responsabilidad ante el medio ambiente. La energía eléctrica es un recurso finito y esencial en la vía pública, una buena iluminación nocturna es un insumo fundamental para brindar seguridad, por eso realizamos una inversión económica importante para duplicar y reconvertir a LED el 100% de nuestro alumbrado público lo que provoca un ahorro energético del 40% y un sustancial ahorro económico en el pago del servicio.

Al tener esta tecnología mayor durabilidad, provoca menos gastos de mantenimiento, ahorro para los vecinos y un alto nivel de eficiencia. Estimular el uso de tecnologías para lograr beneficios económicos que se pueden trasladar a la gente es clave para una administración más eficiente.

Nuestro municipio realizó gestiones y presentaciones formales en años anteriores, ya que estamos convencidos que tanto la eficiencia en la prestación del servicio como la de otorgamiento de subsidios merecen ser tratados con conciencia social.

Sostenemos que las autoridades de aplicación en la materia, ENRE, Secretaria de Energía y Ministerio de Economía de la Nación, deben tener en cuenta estos fundamentos al aprobar los nuevos cuadros Tarifarios, y aplicar la sustitución de las actuales tarifas por una tarifa diferencial y ecuánime para los Municipios.

Evitemos mayores injusticias a las ya existentes.


-> Gustavo Posse, intendente de San Isidro