El presidente designado Alberto Fernández y su mujer organizaron una fiesta en la residencia de Olivos el 14 de Julio de 2020 en momentos de rígidas restricciones impuestas a la población en torno al coronavirus SARS-Cov2. Como suele pasar, primero se negó, luego se intentó desconectarse de las responsabilidades y finalmente se reconoció la falsedad de los dichos y la comisión de la falta.
La ciudadanía, obligada a no tener una vida más o menos normal, a exhibir permisos, a perder sus comercios, a no tener dinero para pagar a sus empleados, amenazada de forma constante por Fernández en sus declaraciones, vio con alegría que, ante la afrenta de los inquilinos de Olivos, se iniciara una causa judicial.
Pero, lamentablemente, 671 días después de la burlona fiesta, Fernando Domínguez, el fiscal federal del Departamento Judicial de San Isidro, aceptó las donaciones ofrecidas por Fabiola Yañez y Fernández con destino a la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud "Dr. Carlos G. Malbrán". Solo falta que el juez Lino Mirabelli homologue los acuerdos para que sean sobreseídos.
"No hay mejor opción que frente a la falta ya cometida poder repararlo brindándole a la sociedad dinero para ser destinado en insumos médicos" dijo Juan Pablo Fioribello, uno de los abogados de Yañez, mujer que no tiene ingresos propios, que ofreció 1.400.000 pesos para evitar la indagatoria.
A esa cifra hay que sumarle el 1.600.000 pesos que ofreció Alberto Fernández para dejar las cosas en un recuerdo.
Una demostración más de que en la Argentina, desde hace muchos años, mientras que la mayoría de los ciudadanos viven según leyes, reglas y códigos, hay quienes desde sus cargos públicos gozan sólo de beneficios e impunidad.
