La propiedad privada amenazada de muerte en la Argentina
Una nueva página en el avance de una concepción política de corte socialista y totalitario se vive en la Argentina gobernada por el presidente designado Alberto Fernández.
Los recientes ataques la propiedad privada en hechos de vandalismo y terrorismo en propiedades privadas y parques nacionales en el sur o el inverosímil copamiento de un campo por parte de activistas de izquierda sin reacción adecuada ni verdadera condena de las autoridades (“No puede haber en la Argentina nadie con más de 5.000 hectáreas. Esas extensiones de tierra son injustas y no pueden ser posibles en nuestro país”, dijo en 2019 el abogado y dirigente JuanGrabois), el intento oficialista de quedarse de un día para el otro con una de las principales agroexportadoras del país, los proyectos expropiadores de tierras del 2012, la inacción frente a las extorsiones de los Moyano a Walmart, o la prohibición de la exportación de carnes, entre otros hechos, deberían poner en alerta roja a la sociedad.
El gobierno tiene serios problemas con todo aquel que no pertenezca a su tropa o no sea socio de sus proyectos. La imposición de políticas que desprecian la propiedad privada y la libertad de los ciudadanos son una constantes: desde un aporte mal llamado “solidario” (toda vez que es obligatorio) hasta la actual ambición de destruir la medicina prepaga.
El martes 15 de JunioFernández expresó que las tierras si no producen deben ser destinadas a quien no tiene "un terreno", un cinismo que no sorprende.
“Que los particulares entiendan, solidariamente, que no tiene sentido tener tierras improductivas cuando alguien está necesitando un terreno. NO TIENE SENTIDO GUARDARLO PARA QUE EL DÍA QUE SE MUERA, UN HIJO LO HEREDE. Tiene mucho más sentido volverla productiva hoy, y que en ese lugar alguien construya el techo en el que van a crecer sus hijos”, expresó quien ahora está condicionado a no hablar o sólo leer para reducir la cantidad de burradas que dice.
Y cuando todavía resonaban esas palabras que parecían dichas por Hugo Chávez o Nicolás Maduro (58) en Venezuela, en Avellaneda -cuyo intendente es el ministro de Desarrollo Territorial y Habitat-, el Concejo Deliberante dictaminaba la muerte de la propiedad privada al establecer tasas dobles y la expropiación de terrenos sin construcción o con obras inconclusas por más de 8 años.
La Constitución Nacional -aquella que al presidente Fernández y a muchos miembros de la política argentina les gusta violar casi a diario-, señala que "La propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública, debe ser calificada por ley y previamente indemnizada". Es claro que no hay forma de asegurar que todos los terrenos puedan tener ser de "utilidad pública" sólo por tener una construcción.
La ordenanza aprobada por los concejales de Avellaneda indica la creación de un Registro Público Municipal de Inmuebles Baldíos, Inmuebles con Edificación Derruida o con Edificación Paralizada. Aquellos inmuebles incorporados pagarán un 50% más de Tasa por Servicios Generales a partir de los 3 años de no avanzar en obras de construcción. Si al pasar 8 años el terreno no tuviera una obra concluida el gobierno local puede declararlo "de utilidad pública" y EXPROPIARLO (con aprobación de la Legislatura bonaerense) y a cambio de una indemnización.
El intendente suplente Alejo Chornobroff –que algunos aseguran que sólo es la cara visible porque es el titular y ministro Jorge Ferraresi quien gobierna- intentó adjudicar malas intenciones y falsedades en la difusión de la ordenanza.
Considerar que quien no construye o no concluye una construcción en un terreno merece una penalización es abusivo. Además de la libertad que tienen los ciudadanos de comprar un bien y disponer de él por el motivo que sea legítimamente, está la decisión individual de intentar preservar el valor de los ahorros en un país donde los gobernantes nunca han sabido llevar soluciones reales a la economía general. La constante pérdida del valor adquisitivo empuja a comprar moneda extranjera o a comprar bienes, en un acto desesperado.
Si alguien compra un bien como un terreno para construir su casa, para dejárselo a su hijo aún pequeño y la economía no le permite más que cortar el pasto y pagar los impuestos y tasas, no debe ser castigado.
Como si fuera poco, la cuenta de aquellos 8 años no se reinicia si el terreno fuera vendido. Una vez que ingresó en el registro municipal de Avellaneda si el terreno no tuviera modificaciones durante 5 años y se vende, el comprador sólo tendrá 3 años para resolver la obra antes de que se le expropie.
¿Qué dice el Catecismo de la Iglesia Católica sobre la propiedad privada?
La redacción del catecismo que oficialmente presenta la doctrina católica tiene su origen en la década del ’80. San Juan Pablo II convocó a un grupo de obispos encabezados por el cardenal Joseph Ratzinger para prepararlo.
Luego de 6 años concluyó el trabajo y, luego de las modificaciones que fueron surgiendo, quedó concluido el 15 de Agosto de 1997.
En ítem 2401 menciona que “El séptimo mandamiento prohíbe tomar o retener el bien del prójimo injustamente y perjudicar de cualquier manera al prójimo en sus bienes” en el 2402 relata que “Al comienzo Dios confió la tierra y sus recursos a la administración común de la humanidad para que tuviera cuidado de ellos, los dominara mediante su trabajo y se beneficiara de sus frutos. Los bienes de la creación están destinados a todo el género humano”.
En el 2403 aclara no obstante que “El derecho a la propiedad privada, adquirida o recibida de modo justo, no anula la donación original de la tierra al conjunto de la humanidad. El destino universal de los bienes continúa siendo primordial, aunque la promoción del bien común exija el respeto de la propiedad privada, de su derecho y de su ejercicio.”
